En 2019, durante las semanas más álgidas del estallido social, Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron Chile para reunirse con autoridades y evacuar recomendaciones. La Pública accedió por Transparencia a los mensajes diplomáticos que intercambiaron con el Ministerio de Relaciones Exteriores después de las visitas. Los documentos revelan la preocupación del sistema internacional por la falta de respuesta sobre el avance de los sumarios e investigaciones judiciales relacionadas a violaciones a Derechos Humanos. Muchos mensajes fueron clasificados como reservados, pero hoy La Pública los deja a disposición para uso y consulta de todas las personas.

Texto: Catalina Gaete
Análisis de la documentación: Ayleen Guzmán y Karol Escobar 

En febrero de 2020, el entonces representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Hernán Salinas, envió un mensaje reservado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Habían pasado cuatro meses desde el inicio del estallido social, pero las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros seguían en el centro de la agenda pública.

En el mensaje reservado número 100, Salinas informó al Gobierno que se había reunido con el entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -el abogado brasileño Paulo Abrão- para revisar “algunos pendientes en relación con la comisión”. Salinas dijo que en esta reunión, Abrão se refirió al informe final de la visita de la Comisión a Chile, que estaba pendiente de ser publicado.

Violaciones a los DDHH: Sin información de avance de investigaciones

La CIDH visitó Chile en enero de 2020, observando en terreno las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del estallido. En su visita, la delegación de la CIDH se reunió con autoridades locales y representantes de la sociedad civil en Santiago, Arica, Temuco, Ercilla, Concepción, Antofagasta y Valparaíso. Visitó también centros de salud y detención, así como residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename). En total, la CIDH se reunió con más de 900 personas. 

Inmediatamente después de la visita, en enero de 2020, la Comisión agradeció al Estado de Chile por la invitación y la asistencia logística para llevarla a cabo. También destacó la “amplia información suministrada”. 

Sin embargo, un mes después, en febrero de ese año, el entonces embajador chileno ante la OEA, Hernán Salinas, manifestó su preocupación por la falta de información. “Un aspecto que fue consultado por la CIDH en diversas reuniones, y que no necesariamente recibió una respuesta en base a antecedentes precisos, es por el estado de avance de sumarios y procesos judiciales relativos a violaciones a los DDHH”, dijo Salinas, sugiriendo al Minrel “solicitar esta información a los órganos pertinentes y enviarla por intermedio de esta Misión a la CIDH”. 

Este tipo de mensajes diplomáticos son cotidianos entre la Misión OEA y el Minrel, pero en las semanas que siguieron al estallido social, la intensidad de estas comunicaciones aumentó. El ahora exembajador Hernán Salinas, aseguró en ese mensaje que el foco de la CIDH en Chile “es contingente”, y que “en marzo, si regresa la violencia y hay nuevos incidentes, aumentarán las interacciones con la CIDH”.  

Usualmente, estos mensajes y sus anexos son reservados. Sin embargo, con la finalidad de conocer el estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones hechas a Chile en contexto de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social, La Pública ingresó una docena de solicitudes de acceso a la información. En estas solicitudes, se pidió acceso a las comunicaciones intercambiadas entre las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile y las misiones diplomáticas en la OEA y en los organismos internacionales con sede en Ginebra, donde se encuentra, entre otros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).  

En respuesta, La Pública recibió más de 50 documentos que revelan la preocupación de los organismos internacionales por las demoras en la implementación de las recomendaciones, por la situación de las personas privadas de libertad y por casos posteriores al estallido que afectan la libertad de expresión. 

Entre ellos se encuentran los telefonazos de La Moneda a La Red y el espionaje a periodistas como Mauricio Weibel, Pascale Bonnefoy y Javier Rebolledo. Según indicó CIPER en abril de 2021, funcionarios del Ejército han requerido antecedentes de periodistas que investigan “las zonas oscuras de la actividad militar”, una situación que ya está siendo indagada por Fiscalía. 

Claudio Nash, doctor en Derecho, académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, asegura que “el intercambio entre Chile y los organismos internacionales nos permite comprender la magnitud de la crisis que la represión desató en el país y que encendió todas las alertas a nivel mundial”. Nash agrega que esta recopilación de documentos diplomáticos relacionados al estallido social “es una enorme contribución para la memoria de este país en materia de Derechos Humanos y fundamental para evitar que estos hechos vuelvan a suceder en Chile”. 

Ataques antisemitas y discriminación a evangélicos Mapuche

La Pública también recibió informes elaborados por organismos públicos chilenos para dar respuesta al sistema internacional, en donde se reportan situaciones poco conocidas. Por ejemplo, el informe “Libertad Religiosa y de Culto”, elaborado por tres organizaciones de la sociedad civil para el Ministerio del Interior, da cuenta de ataques antisemitas perpetrados por grupos de extrema derecha y discriminación a personas mapuche que profesan la fe evangélica en las oficinas de CONADI

“Ustedes los cristianos evangélicos son personas que roban la cultura mapuche”, le habría dicho un funcionario de CONADI a una persona mapuche que profesa la fe cristiana y que fue a CONADI a regularizar el dominio de un bien raíz en donde se construyó un templo evangélico. Al respecto, la organización Advocates Chile, denuncia “la existencia de funcionarios públicos dependientes del Estado, quienes han realizado actos discriminatorios a miembros del pueblo mapuche cuya elección religiosa ha sido la fe cristiana evangélica”. 

La fragilidad de los procesos de investigación, sanción y reparación

Tres años se cumplieron desde aquel 18 de octubre que detuvo el tiempo en Chile. En medio de una masiva jornada de protestas y desórdenes públicos, a las 00:13 del sábado 19 de octubre, el expresidente Sebastián Piñera declaró estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, así como en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. La Región Metropolitana sería la primera, pero tres días después, casi la totalidad del territorio nacional estaría bajo el control de militares. 

Tanto las protestas como las medidas tomadas por la autoridad, no tardaron en llamar la atención de los organismos internacionales. El 23 de octubre, el representante de la Oficina de América del Sur del ACNUDH, Francisco Xavier Mena, participó en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocada para analizar la situación del país. En este contexto, Mena recordó los estándares internacionales que regulan los estados de excepción y expresó su preocupación por la afectación de derechos fundamentales vinculado el uso desmedido de fuerza. 

Dos días después, la Alta Comisionada -la expresidenta Michelle Bachelet- anunció vía Twitter su decisión de “enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile”. La ONU llegaría a observar en el momento más álgido de la crisis. 

La misión se desarrolló entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, en donde representantes del organismo internacional visitaron siete regiones del país, sostuvieron reuniones con diferentes ministerios, con representantes del Poder Judicial y con organizaciones de la sociedad civil. También visitaron centros de detención y hospitales, en donde pudieron entrevistar a personas, incluyendo a policías heridos durante las manifestaciones. Por ese entonces, las autoridades destacaron la cooperación del Gobierno para entregar información y dar acceso a recintos y oficinas públicas. 

El 13 de diciembre de 2019, Naciones Unidas publicó el informe de su visita. Las conclusiones fueron lapidarias: “A partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en muerte, lesiones y malos tratos.  

Además de reportar con detalle los hallazgos de la visita, el informe entrega 21 recomendaciones. Entre ellas, poner fin al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones, las que deben utilizarse solo con municiones autorizadas; capacitar a Carabineros en perspectiva de género y Derechos Humanos, y garantizar la supervisión civil y la transparencia de sus actividades. 

En octubre de 2021, Naciones Unidas publicó un informe de seguimiento, evidenciando que muchos de los hallazgos identificados antes, persistían o incluso habían empeorado. Por ejemplo, el informe constata que tras la reducción del uso de escopetas antidisturbios, aumentó el uso indebido de proyectiles lacrimógenos. También continuó el uso desproporcionado de la fuerza y un uso de los carros lanza aguas que no se ajusta a los estándares internacionales.  

Dos años después del inicio de la crisis social, el informe manifiesta la preocupación de Naciones Unidas por la fragilidad de los procesos de investigación, sanción y reparación en Chile. Por ejemplo, destaca que aunque la Ley de Presupuestos en 2021 contempló una pensión para víctimas de violación a los DD.HH. ocurridas desde el 19 de octubre en adelante, este beneficio no se había entregado a ninguna víctima.  

Consultado por La Pública, Craig Mokhiber, director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas, comenta los alcances y las limitaciones del trabajo de los organismos internacionales. “Lo que no tenemos es poder coercitivo de ningún tipo. Eso significa que tenemos que intentar hacer efectivas las conclusiones y recomendaciones de Derechos Humanos por otros medios”. Con “otros medios”, Mokhiber se refiere a la diplomacia, “en la que nos comprometemos durante meses o años con gobiernos, en privado, en contacto diplomático, intentando hacer avanzar las recomendaciones. A veces esto tiene cierto éxito, a veces no tiene ningún éxito, si hay un gobierno recalcitrante que no escucha lo que decimos”. 

Los documentos inéditos obtenidos por La Pública a través de Transparencia, pueden ser revisados a continuación:

 

OFICIO Nº551, SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (21/07/2022)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Oficio 21 de julio de 2022 Subsecretaría de Derechos Humanos El Oficio Ordinario Nº551 de la Subsecretaría de Derechos Humanos responde a la solicitud de acceso a la información hecha por La Pública, para acceder a...

OFICIO Nº16.955, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (03/06/2020)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Oficio 03 de junio de 2020 Ministerio del Interior y Seguridad Pública El Oficio Ordinario Nº16.955, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 14 de julio de 2020, actualiza medidas adoptadas por esta...

OFICIO Nº519, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (14/07/2021)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Oficio 02 de septiembre de 2021 Ministerio del Interior y Seguridad Pública El Oficio Nº519, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue enviado por el ex ministro Rodrigo Delgado a la Subsecretaría de...

OFICIO FN Nº618/2021, INSTRUCCIÓN GENERAL QUE IMPARTE CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN DELITOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL – FISCALÍA NACIONAL

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Oficio 28 de julio de 2021 Fiscalía Nacional Este documento fue entregado por Fiscalía en respuesta a una solicitud de La Pública que pedía conocer todos los documentos recolectados por el Ministerio de Relaciones...

MENSAJE RESERVADO Nº1192 – MISIÓN OEA A MINREL-DIDEHU (30/12/2021)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje 30 de diciembre de 2021 Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje reservado número 1192 fue enviado por Issa Kort Garriga, representante permanente de Chile ante la...

MENSAJE PÚBLICO Nº902 – MISIÓN OEA A MINREL-DIDEHU (16/11/2020)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje y solicitud 16 de noviembre de 2020 Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje público número 902 fue enviado por Hernán Salinas, el representante permanente de Chile ante la Organización de Estados...

MENSAJE PÚBLICO Nº746 – MISIÓN OEA A MINREL-DIDEHU (11/08/2021)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje y prórroga 11 de agosto de 2021 Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje público número 746 fue enviado por Issa Kort Garriga, representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos...

MENSAJE RESERVADO Nº713 – MISIÓN OEA A MINREL-DIDEHU (26/07/2021)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje y solicitud 26 de julio de 2021 Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje reservado número 713 fue enviado por Felipe Sáez, representante alterno de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA),...

MENSAJE RESERVADO Nº508 – MISIÓN OEA A MINREL-DIDEHU (25/05/2021)

Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje y solicitud 25 de mayo de 2021 Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje reservado número 508 fue enviado por Hernán Salinas, el representante permanente de Chile ante la Organización de Estados...

MENSAJE PÚBLICO Nº171 – MISIÓN OEA A MINREL (20/03/2020)

  Tipo de documento Fecha Organismo emisor/guardador Mensaje  20 de marzo de 2020 Ministerio de Relaciones Exteriores El mensaje público número 171 fue enviado por Hernán Salinas, el representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos...

Fotografía de portada: Banco de medios de Naciones Unidas (UN7879118 – UN Photo/Evan Schneider). 14 de diciembre de 2020. La Asamblea General celebra un periodo extraordinario de sesiones en respuesta a la pandemia de COVID-19. Carolina Valdivia, Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, interviene en la reunión.