El mensaje público número 902 fue enviado por Hernán Salinas, el representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El mensaje informa al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Chile envíe, dentro de 30 días, “insumos sobre los avances de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH al finalizar su más reciente visita in loco”. La visita, que tuvo el objetivo de “observar en terreno la situación de derechos humanos a partir de los hechos de las protestas sociales, evaluando sus causas y consecuencias”, según informa la misma CIDH en un comunicado de prensa, ocurrió en enero de 2020. 

Salinas remite la carta de la CIDH como un anexo al mensaje. Agrega también un análisis y recomendaciones para el Minrel, sobre cómo proceder y qué información entregar a la Comisión, para que ésta tenga “la visión del Estado”.  

En este contexto, Salinas reiteró que la situación de los sumarios y procesos judiciales sobre violaciones a los Derechos Humanos es especialmente relevante, así como el progreso de la reforma a Carabineros.  

“Adicionalmente, dado el énfasis que la CIDH ha dado a la calidad de la institucionalidad democrática en nuestro país (lo que se ha mencionado en diversos comunicados sobre la situación chilena y es reiterado en la carta que adjuntamos) nos parece importante incluir información sobre el resultado del plebiscito del 25 de octubre y el proceso constitucional al que éste dio inicio. Otro tema que en los últimos meses ha sido particularmente seguido por la CIDH es el del conflicto en la Araucanía”, agregó.

Finalmente, Salinas sugiere al Minrel “consignar el contexto de violencia”, sugiriendo que se incluya la quema de dos iglesias en el centro de Santiago. Salinas menciona que un comisionado y abogado guatemalteco, Edgar Stuardo Ralón, mencionó este episodio en redes sociales, particularmente en un tuit publicado el 19 de octubre de 2020. En este tuit, Ralón critica la destrucción de templos en Santiago como una vulneración a la “libertad religiosa de los fieles que han visto vandalizadas sus parroquias”. “Esta información debiera ser hecha llegar por el Estado a efectos de que pueda ser incorporada con mayor precisión al informe”, concluye Salinas en su mensaje.