La solicitud fue ingresada por Patricia Zalaquett, directora de la Corporación Memoria Borgoño, en el marco de un taller de acceso a la información organizado por La Pública y Londres 38. Gendarmería negó la información por el supuesto deterioro de los libros de detención, argumento que el Consejo para la Transparencia desestimó por el valor histórico de los documentos solicitados. 

Por equipo de La Pública 

En la comuna de Independencia, a pasos del Río Mapocho, está emplazado el ex Cuartel Borgoño. Antes de la Dictadura, este conjunto de cinco edificios albergaba instituciones relacionadas a la salud, como el Desinfectorio Público y el Instituto Bacteriológico. Pero después del Golpe Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) ocupó las instalaciones hasta su disolución en 1977. Con el cierre de la DINA, el Cuartel Borgoño fue traspasado a la Central Nacional de Inteligencia (CNI), transformándose en uno de los recintos operativos más importantes del aparato represivo de la Dictadura. 

Según testimonios, las celdas ubicadas en el sótano del edificio era donde las y los detenidos pasaban la mayor parte del tiempo. Ahí había una sala para exámenes médicos, un cuarto de interrogación, y una pieza donde se tomaban huellas digitales. Álvaro Corbalán y la Unidad Azul operaban desde el Cuartel Borgoño, siendo un equipo focalizado en desarticular al MIR y luego al FPMR. La información sobre este cuartel, sin embargo, es escasa, y solo algunos detalles se han rescatado a partir de la investigación de causas judiciales.

En 1988, las instalaciones de este centro de detención y tortura fueron entregadas a la Policía de Investigaciones, que nueve años después demolió algunas secciones para construir un nuevo recinto, en donde hoy se encuentran la brigada antinarcóticos y la jefatura nacional de homicidios, entre otros. Ante el inminente riesgo de continuar con las demoliciones, sobrevivientes y familiares constituyeron la Corporación Memoria Borgoño y, gracias al trabajo de las organizaciones, en 2017 fue declarado Monumento Nacional. La administración del monumento, sin embargo, sigue en manos de la PDI, y la amenaza de demolición continúa. 

La búsqueda de documentación es clave para el rescate de este sitio de memoria. Por eso, la Corporación que dirige Patricia Zalaquett decidió conformar un equipo de investigación compuesto por diferentes disciplinas. La cientista política Javiera Campos forma parte de ese equipo, y asegura que buscar datos e información de Cuartel Borgoño es uno de sus principales desafíos. “Es un acuerdo de hace varios años de buscar todo tipo de información sobre el ex Cuartel Borgoño y en esa búsqueda hay trabajo de arqueólogas, antropólogas, arquitectos, de distintas disciplinas. Nos interesa el tema de los archivos”.

Por eso, en agosto de 2021, Patricia Zalaquett participó del Taller sobre acceso a la información para organizaciones sociales, que buscaba entrenar e instalar la capacidad de pedir y reclamar información al Estado. En el contexto de este taller, solicitó a Gendarmería acceso a los registros de detenidos en los recintos penitenciarios de la Región Metropolitana de personas provenientes del Cuartel Borgoño, entre enero de 1984 y diciembre de 1986. 

Gendarmería negó la información, asegurando que los registros de la época “se encuentran solo en libros, los cuales mantienen un grave deterioro y mala conservación” y que un incendio afectó los archivos.

No conforme con la respuesta, Patricia Zalaquett presentó un amparo en octubre de 2021 ante el Consejo para la Transparencia, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley sobre Acceso a la Información. Con la ayuda de la coordinadora de acceso y cofundadora de La Pública, Catalina Gaete, Patricia alegó que Gendarmería vulneró su derecho de acceso a la información. “En la argumentación del amparo, nos enfocamos en que el deterioro de los registros no está entre las causales de reserva o excepciones que contempla la Ley de Transparencia”, asegura Gaete, refiriéndose al Artículo 21 de la ley, que detalla cinco situaciones en que una solicitud de información puede ser denegada. “Ninguna de esas excepciones incluye la deficiente gestión documental o archivística que tenga el organismo”, concluye la cofundadora de La Pública.

Además, el resguardo de documentos históricos es particularmente sensible cuando se trata de información relacionada a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura. “En la argumentación del amparo agregamos una mención a la obligación de Gendarmería de conservar sus registros para el uso y consulta, no solo de las víctimas de la represión política y sus familias, sino de la sociedad chilena en su conjunto”, explica Gaete.

Oficio NºE5271 del Consejo para la Transparencia, que ordena la entrega de registros de ingreso de detenidos y detenidas a los establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana, provenientes del Cuartel Borgoño de la CNI.

LA DECISIÓN DEL CONSEJO: ENTREGAR Y PRESERVAR

El Consejo para la Transparencia acogió el caso a tramitación, y en marzo de 2022 emitió una resolución que incluyó los pasos que tomó para analizar el caso. Primero, pidió a Gendarmería detallar el estado real y actual en que se encuentran los registros de ingreso de detenidos y detenidas en la época requerida, en los diferentes recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.

Gendarmería informó al Consejo el resultado de su revisión en diferentes recintos penitenciarios. Por ejemplo, en el registro histórico del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur -mejor conocido como la ex penitenciaría- se encontraron libros y carpetas correspondientes al periodo entre 1984 y 1986. La institución aseguró no saber si los registros están relacionados o no al ingreso de detenidos provenientes del Cuartel Borgoño, ya que los libros están deteriorados. Además, argumentó “que no cuenta con personal uniformado capacitado para realizar levantamiento de información histórica sin estropear ni dañar dichos antecedentes”. 

En Colina 1, Gendarmería adjuntó fotografías del registro de condenados. Respecto a la Cárcel de Puente Alto, el organismo dijo que “no fue posible encontrar los registros correspondientes a los periodos de recepción y procedencia de detenidos que se consultan, debido al deterioro de los libros que albergan dicha información”. Finalmente, respondió que los documentos de los antiguos penales Capitán Yáber y Capuchinos, “se perdieron en el incendio que afectó a dichos establecimientos penitenciarios durante el año 2005”. 

Una vez revisados estos antecedentes, el Consejo para la Transparencia concluyó que “Gendarmería de Chile no ha realizado todas las búsquedas necesarias para entregar la información reclamada, no constituyendo una causal de reserva legal sostener por sí sola la antigüedad de la información requerida, o deslizar someramente que no se cuenta con personal capacitado para dicha tarea, sin aportar elementos al respecto que permitan justificar su denegación de acuerdo a la normativa vigente, particularmente tratándose de información de relevancia histórica como es la que se consulta”. 

Así, el Consejo aborda el valor histórico de los documentos solicitados, ya que se relacionan directamente con la violación a los Derechos Humanos ocurrida durante la Dictadura cívico-militar. Para fundamentar su decisión, el Consejo cita lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde “el Estado no puede liberarse de sus obligaciones alegando simplemente que la información requerida sobre violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado fue destruida. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de buscar esa información por todos los medios posibles”, ya que “toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, tiene el derecho a conocer la verdad”.

Por estos motivos, el Consejo ordena a Gendarmería entregar la información solicitada por Patricia Zalaquett y recomienda “coordinarse con el Archivo Nacional a fin de adoptar las medidas necesarias para contar con un sistema de gestión documental a fin de conservar y preservar registros históricos que se encuentren en su poder”. “Lo que indicó el Consejo para la Transparencia nos parece importante, porque puede ser un precedente para empezar a romper esa lógica de que las Fuerzas Armadas y de Orden no tienen que resguardar archivos, y en realidad sí”, asegura Javiera Campos, de la Corporación Memoria Borgoño. En este sentido, Campos valora que la Corporación “haya creado ese precedente a través de su solicitud”.

Fotografía de portada: Corporación Memoria Borgoño.