La Pública pidió acceso por Ley de Transparencia a los contratos entre el Gobierno y los cuatro fabricantes con los que Chile acordó la compra de vacunas contra el Covid-19. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud negaron el acceso a toda la documentación, argumentando que se trata de una materia de interés nacional y que darlos a conocer podría “hacer peligrar las negociaciones”. Ahora será el Consejo para la Transparencia el organismo que deberá zanjar si estos contratos son públicos. Sin acceso a ellos, las condiciones tributarias o legales negociadas con los fabricantes se mantienen reservadas.

Texto: Paulette Desormeaux y Catalina Gaete
Edición: Boris Bezama
Ilustración:
Gabriel Garvo
Redes sociales: Alejandra Olguín

El jueves 24 de diciembre de 2020 el país se preparaba para una navidad diferente. Ocho comunas estaban en confinamiento estricto, donde no podrían recibir a familiares o amigos, y en todo el territorio nacional había toque de queda. Pero una noticia alegró el panorama. Esa madrugada aterrizó en Santiago el primer cargamento de vacunas contra el Covid-19. Fueron diez mil dosis desarrolladas por Pfizer y BioNTech, que el presidente Piñera recibió entusiasmado, diciendo que eran “una luz de esperanza” en medio de la pandemia. Al poco tiempo llegaron nuevas dosis desarrolladas por Sinovac y el 3 de febrero se dio inicio a la vacunación masiva, lo que puso a Chile a la cabeza de este proceso a nivel mundial como una de las primeras naciones que inició la inoculación. 

Una de las claves de ese éxito fue que las negociaciones comerciales con los fabricantes que estaban desarrollando las vacunas comenzaron meses antes, en agosto de 2020, y prontamente se firmaron compromisos de adquisición con distintos proveedores.

Para conocer el precio comprometido y las cláusulas y garantías dadas a estas empresas, La Pública pidió por Ley de Transparencia a los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores el acceso a los contratos con los fabricantes de vacunas Sinovac, Pfizer y BioNTech, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson. Todas fueron denegadas.

Conocer las cláusulas de estos acuerdos comerciales es importante porque, según revela una investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), al menos 13 países de Latinoamérica tuvieron que modificar sus marcos legales para poder comprar vacunas contra el Covid-19, aprobando normas, leyes y decretos que otorgan beneficios tributarios o garantías excepcionales a los laboratorios para darles una especie de “escudo anti-demandas”. Es decir, asegurando que no serán responsables legalmente en caso de que algo salga mal con las vacunas.

La investigación de Red Palta afirma, por ejemplo, que ante las condiciones impuestas por Pfizer, Colombia, Panamá y República Dominicana le brindaron inmunidad legal por posibles efectos adversos de la vacuna, y que en Perú el laboratorio además pidió cláusulas que lo eximieran de responsabilidad ante “demoras en la entrega de lotes”.  

En Chile las condiciones que los fabricantes de vacunas negociaron con el Gobierno no han sido transparentadas. Luego de que el Minsal y Relaciones Exteriores negaran el acceso a los contratos que podrían ayudar a identificar algunas garantías otorgadas, La Pública presentó cinco recursos de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Ahora, este organismo deberá determinar si aquellos documentos son de carácter público o privado.

Sinovac se niega a que entreguen los contratos

Uno de los actores clave en las negociaciones con los fabricantes de las vacunas fue Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, quien lideró las conversaciones comerciales apoyando al Ministerio de Salud (Minsal). La Pública pidió a ese organismo el acceso al contrato con la empresa china Sinovac, que hasta ahora es una de las principales proveedoras de vacunas en el país, con más de 14 millones de dosis

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) confirmó que “mantiene en su poder convenios o acuerdos celebrados para el abastecimiento de la vacuna”, pero negó el acceso a ellos argumentando que estaba impedida de entregar la documentación porque al consultar con Sinovac, la empresa dijo que no se debía mostrar “ningún término comercial de los acuerdos por requisitos de confidencialidad”. La subsecretaría añadió que entregar los contratos podría afectar los derechos comerciales o económicos de la empresa.

Esta consulta es un procedimiento que cumple con el Artículo 20 de la Ley de Transparencia, el que indica que cuando una solicitud de acceso a la información pida documentos o antecedentes que puedan “afectar los derechos de terceros”, la autoridad deberá comunicar esta situación, informando la posibilidad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados. Esto fue precisamente lo que hizo Sinovac.  

Pero la negativa de la Subrei no se basa solo en la protección de los derechos de la empresa. El organismo también argumentó que dar a conocer los convenios puede “afectar seriamente los derechos comerciales y económicos” del Estado (representado en el Minsal como contraparte de los fabricantes), impactando “negativamente en su competitividad o en el desarrollo de sus negocios”, ya que “otros compradores podrían acceder a las condiciones otorgadas por la empresa a Chile referentes a precio, cantidades y plazos de entrega, generando eventuales incentivos para el incumplimiento estratégico de los contratos y amenazando la consiguiente provisión de las vacunas”.

Cabe destacar que la solicitud de acceso a los contratos con Sinovac se hizo amparada en el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, que establece que si un documento tiene información que puede ser conocida, y otra que es reservada por alguna causa legal, se debe dar acceso a la primera y no a la segunda, es decir, se debe entregar el documento completo, aunque tapando aquello que es privado. No fue esto lo que hizo la Subrei.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, es enfático en señalar que siempre debe regir el principio de divisibilidad: “Si existen privilegios comerciales o cláusulas que pongan el interés del país en peligro –lo que incluye la protección de la salud pública– esto debe reservarse, por lo menos hasta que termine la pandemia. Sin embargo, dudamos que la totalidad de los contratos deba ser reservada. Sin duda hay muchas cláusulas, la mayoría, que deben ser públicas, siguiendo que el principio debe ser la transparencia y no la opacidad o la reserva”, asegura Precht.

“Dudamos que la totalidad de los contratos deba ser reservada. Sin duda hay muchas cláusulas, la mayoría, que deben ser públicas, siguiendo que el principio debe ser la transparencia y no la opacidad o la reserva”

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente

“Posible actividad delictiva” en la cadena de administración de vacunas

La Subsecretaría de Salud Pública también negó el acceso a los acuerdos comerciales, pero no se puso en contacto con los fabricantes, como sí lo hizo la Subrei. En vez de eso, el organismo argumenta que toda la información relacionada a insumos y medicamentos necesarios para combatir la pandemia “es una materia de interés nacional, atendiendo que su divulgación puede hacer peligrar las negociaciones, adquisición, entrega o recepción de las vacunas contra el Covid-19”, ya que esos documentos contienen “información relevante y confidencial sobre el número, fecha de entrega, lugar de recepción y distribución (…) de las vacunas a adquirir por el país”. 

Para complementar dicho argumento, la subsecretaría agrega que recibió una advertencia por parte de la INTERPOL, referida a una “posible actividad delictiva en relación con la falsificación, el robo y la publicidad ilegal de Covid-19 y vacunas contra la gripe, con una pandemia que ya ha desencadenado un comportamiento delictivo oportunista y depredador sin precedentes”. Citando un comunicado de prensa de la INTERPOL, la subsecretaría incluye en su respuesta una cita del secretario general de dicho organismo, Jurgen Stock, quien dice que  “mientras los Gobiernos se preparan para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro, o perturbarlas”. No hay mayor explicación de cómo dicho comunicado se relaciona con la denegación de acceso a los contratos.

Una batalla internacional contra el secretismo 

Transparencia Internacional se encuentra solicitando acceso a los contratos de los gobiernos con los fabricantes de vacunas alrededor del mundo. Hasta ahora, todos aquellos que han dado respuesta han denegado la información. “Creemos que es muy importante acceder a los contratos para así poder compararlos entre los diversos países y ver que efectivamente las negociaciones se hayan hecho de manera que no sean lesivas para los países mismos”, explica Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional.

La opacidad en torno a las vacunas contra el Covid-19 parece ser la norma a nivel global. Sin embargo, no toda la información ha logrado permanecer en secreto, ya que filtraciones, declaraciones públicas o “deslices” han terminado por revelar algunas cláusulas incluidas en los contratos. Así lo asegura un reportaje de The New York Times, que explica que “los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal. En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis, una prohibición que podría obstaculizar las iniciativas de llevar vacunas a los países pobres”.

Con frecuencia el precio que los gobiernos están pagando por dosis de vacuna está censurado, ya que las empresas lo consideran un secreto comercial. Pero alguna idea existe, ya que en enero de este año un funcionario belga cometió un grave error: reveló una lista de precios “que mostraba que los contribuyentes estadounidenses estaban pagando 19,50 dólares por dosis de la vacuna Pfizer, mientras que los europeos pagaban 14,70 dólares”, según relata el mismo artículo del NYT.

En las negociaciones de Chile con los fabricantes de las vacunas, uno de los puntos más relevantes fue que no se considerara que el país estaba en la categoría de altos ingresos que le adjudica el Banco Mundial, ya que según ha dicho el subsecretario Yañez, “eso significaba que íbamos a pagar un precio mayor por las vacunas”.

Entonces, ¿cuánto pagó Chile a estas empresas?¿Les dio beneficios legales o tributarios? ¿Se comprometió a darles garantías excepcionales de inmunidad ante posibles demandas? Mientras los contratos se mantengan en secreto no será posible responder con certeza esas preguntas.