La Ley de Acceso a la Informaci贸n, aprobada hace una d茅cada, ha sido un valioso instrumento para la transparencia, pero el gobierno de Bolsonaro ha conseguido enturbiarla. La militarizaci贸n de la administraci贸n p煤blica, el torcimiento de la interpretaci贸n de las leyes y la paranoia de un presidente lastrado por un pasado sospechoso, han servido para acallar la cr铆tica y que Brasil se vuelva un pa铆s m谩s opaco.

Texto e investigaci贸n:聽Rafael Mafei y Marina Slhessarenko聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Foto de portada: Sgt Johnson Barros/For莽a A茅rea Brasileira

Desde que asumi贸 el cargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inund贸 la administraci贸n p煤blica federal con los agentes p煤blicos m谩s tradicionalmente propensos a trabajar contra la transparencia de informaci贸n en el Estado: los militares. La opacidad uniformada se uni贸 a la paranoia personal de Bolsonaro, quien tiene un pasado lleno de episodios sospechosos donde est谩n involucrados su familia y amigos; adem谩s de un desprecio manifiesto por el trabajo de periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Con el fortalecimiento pol铆tico del presidente y la captura del gobierno a trav茅s del Centr茫o 鈥攗n conjunto de partidos cercanos al Poder Ejecutivo鈥, esta alianza totalitaria gan贸 el apoyo de pol铆ticos que prosperan en la oscuridad de la maquinaria p煤blica, donde todo debe ser secreto: desde las conversaciones con los distribuidores de vacunas, hasta la distribuci贸n de grandes porciones del presupuesto p煤blico a trav茅s de enmiendas acordadas por WhatsApp.

驴Por qu茅 la administraci贸n p煤blica opera sin m谩xima transparencia y sin ofrecer informaci贸n de calidad cuando est谩 vigente la Ley de Acceso a la Informaci贸n (LAI)? Hay varios caminos para entender los mecanismos de la opacidad durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

La LAI, o Ley 12.527 / 2011, que cumplir谩 diez a帽os de promulgaci贸n el pr贸ximo 18 de febrero, redefini贸 el acceso a la informaci贸n y el papel de varios profesionales y organizaciones que dependen del acceso a datos p煤blicos, como periodistas, acad茅micos y gestores p煤blicos, as铆 como organizaciones de la sociedad civil. Adem谩s, beneficia directamente al ciudadano: permite un acceso r谩pido y gratuito a informaci贸n de todo tipo, entregada en un formato sencillo y accesible a quienes la soliciten. Ninguna otra ley ha tenido tanto 茅xito en el uso del derecho de acceso a la informaci贸n y el deber de transparencia de la administraci贸n p煤blica. Pero la opacidad, bajo el gobierno de Bolsonaro, sigue avanzando.聽聽

Una primera clave de este avance es una interpretaci贸n amplia del art铆culo 31 de la LAI. Esta establece que la 芦informaci贸n personal禄 (intimidad, vida privada, honor e imagen de las personas) tiene acceso restringido, en principio, por un per铆odo de hasta 100 a帽os. Inicialmente, la cruzada contra la ley se llev贸 a cabo por la extensi贸n inapropiada de este concepto de 芦informaci贸n personal禄.

No es una nueva disputa. Desde que comenz贸 a publicarse la informaci贸n sobre los sueldos de los funcionarios, mucho antes del gobierno de Bolsonaro, se invoca al art铆culo 31 como salvaguarda legal para dificultar el acceso a este tipo de informaci贸n. En contra de esa interpretaci贸n, la conclusi贸n que se ha consolidado es que las ganancias de los agentes p煤blicos no deber铆an mantenerse en secreto, aunque esto implique alguna limitaci贸n a su privacidad. El mensaje que se transmiti贸 fue simple: en la administraci贸n p煤blica la transparencia es la regla, aunque esto implique restricciones en la protecci贸n de la privacidad de sus agentes.

Sin embargo, en las interpretaciones de la administraci贸n de Bolsonaro sobre la LAI, lo que deber铆a ser una excepci贸n se ha convertido en la regla.

Algunos casos ejemplares son la restricci贸n de informaci贸n sobre visitantes al Palacio de la Alvorada, residencia del presidente, solicitada desde 2019. Con base en una supuesta protecci贸n de la seguridad del Presidente de la Rep煤blica, la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) se neg贸 鈥昦l menos鈥 en 34 ocasiones a facilitar los datos de las visitas, a煤n con la expresa decisi贸n de la Contralor铆a General de la Federaci贸n (CGU). Asimismo, la Secretar铆a General de la Presidencia determin贸 un secreto de 100 a帽os sobre el acceso de los hijos del presidente al Planalto, sede del poder ejecutivo 鈥媎el Gobierno Federal. El truco de la interpretaci贸n de la ley radica en ignorar intencionalmente que, adem谩s de miembros de una misma familia, el clan Bolsonaro tiene agentes pol铆ticos que pueden y deben ser cuestionados sobre su itinerario y sobre sus relaciones con otros agentes pol铆ticos, incluso del mismo apellido.聽

Saber qui茅n est谩 en la agenda presidencial y qui茅n frecuenta los espacios institucionales controlados por el presidente es, obviamente, informaci贸n p煤blica.

Otra forma de reducir la efectividad de la LAI es desconocer sus restricciones al acceso de la informaci贸n a favor de la privacidad, el no 芦perjudicar el proceso de investigaci贸n de las irregularidades en las que est谩 involucrado el titular de la informaci贸n禄. Esta disposici贸n, que milita a favor de la regla general de la transparencia, debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo las investigaciones lideradas por organizaciones de la sociedad civil y, principalmente, por la prensa. La divulgaci贸n excesiva de informaci贸n privada, si la hubiera, puede ser castigada posteriormente, pero la informaci贸n no puede omitirse: la Constituci贸n rechaza textualmente la censura previa y la ley no puede interpretarse de una manera que haga esto posible.

La violaci贸n m谩s flagrante de esta disposici贸n fue el ocultamiento de datos en el proceso disciplinario de Eduardo Pazuello, exministro de Salud, quien particip贸 en un acto pol铆tico con Bolsonaro en mayo de 2021 cuando a煤n se encontraba activo en el Ej茅rcito, algo estrictamente prohibido en su reglamento disciplinario. Al mes siguiente, el Ej茅rcito puso a trabajar el art铆culo 31 de la LAI a favor del oscurantismo y la impunidad.聽 El proceso al que fue sometido Pazuello lo absolvi贸 inexplicablemente de una acusaci贸n p煤blica por transgresi贸n disciplinaria y fue favorecido con el secreto de esa informaci贸n durante 100 a帽os en impenetrables archivos militares.聽

Interrogado en el Supremo Tribunal Federal (STF), el Comando del Ej茅rcito aleg贸 la falta de 芦un inter茅s p煤blico patente禄 y la existencia de una 芦relaci贸n muy personal entre un soldado y su comandante禄. La justificaci贸n, como se vio, no estuvo relacionada con secretos de defensa o militares, que t铆picamente justifican el r茅gimen del secreto.聽

Pazuello hizo tanto da帽o como pudo a la transparencia, como cuando obstaculiz贸 la difusi贸n de datos epidemiol贸gicos sobre la pandemia que oblig贸 a los medios a establecer un consorcio para pedir datos directamente a los estados del pa铆s. Incluso amenaz贸 con la Ley de Seguridad Nacional (LSN) a los funcionarios del Ministerio de Salud para que firmaran un acuerdo de confidencialidad sobre la informaci贸n de la instituci贸n.聽

El diagn贸stico de la falta de transparencia en salud sirve de metonimia para toda la administraci贸n p煤blica federal. Ya se han reportado reducciones en el cumplimiento de peticiones tanto en 2020 como en 2021. Al mismo tiempo, los decretos del gobierno federal han ampliado la lista de personas autorizadas para hacer cumplir el secreto de los documentos. En la primera semana de las restricciones impuestas por la covid-19, en marzo de 2020, Bolsonaro emiti贸 una medida provisional para cambiar la Ley de Cuarentena, dificultando el acceso a datos relacionados con la pandemia. En diciembre del mismo a帽o, retir贸 al Tribunal de Cuentas de la Uni贸n las facultades para juzgar denuncias con base en la ley.

 

M谩s interpretaciones torcidas para la opacidad

Recientemente, quienes trabajan para dificultar el acceso a la informaci贸n obtuvieron un nuevo documento para tergiversar: la Ley General de Protecci贸n de Datos (LGPD). Meses antes de la entrada en vigencia de esta ley, en agosto de 2020, los expertos ya advert铆an que la protecci贸n de datos no deb铆a ser un obst谩culo para el acceso a informaci贸n de inter茅s p煤blico. La propia ley enumera como uno de sus fundamentos 鈥渓a libertad de expresi贸n, informaci贸n, comunicaci贸n y de opini贸n鈥. Adem谩s, no se presta a la censura ya que excluye expresamente de su incidencia la actividad estrictamente period铆stica. El acceso a la informaci贸n est谩 en el coraz贸n de la protecci贸n de datos.

La adherencia genuina tanto a la LAI como a la LGPD requerir铆a que el gobierno se esfuerce por pensar en formas de cumplir con las solicitudes sin revelar datos personales innecesarios o excesivos, o informar a los destinatarios de la informaci贸n sobre los l铆mites legales de su uso. En cambio, la LGPD se ha visto atrapada en esta renovada cultura de opacidad: muchas de las recientes negativas del gobierno federal a proporcionar informaci贸n han sido respaldadas por interpretaciones torcidas de la ley.聽

As铆 fue que el Ministerio de Econom铆a neg贸 el acceso a datos sobre infracciones de empresas por uso de trabajo esclavo a la agencia de periodismo Ficam Sabendo. La LGDP limita el concepto de datos personales a las personas f铆sicas, lo que excluye a las personas jur铆dicas de su protecci贸n. La Contralor铆a General de la Uni贸n (CGU) del gobierno de Bolsonaro reforz贸 la negaci贸n con otra justificaci贸n: el riesgo de 芦da帽o禄 a los 芦negocios禄, a la 芦imagen禄 de las personas naturales y jur铆dicas, aunque acept贸 que en este caso no se pod铆a invocar la LGPD. Se elimin贸 el grave error legal, pero se mantuvo la conclusi贸n a la que hab铆a conducido.聽

Por su parte, el Ministerio de Salud comenz贸 a negar cada vez m谩s solicitudes de acceso a la informaci贸n durante el agudo proceso de militarizaci贸n del a帽o pasado que inici贸 con la pandemia. S贸lo entre marzo y mayo de 2020, las solicitudes denegadas aumentaron aproximadamente un 69% en comparaci贸n con los meses anteriores. Casi la mitad de estas estaban justificadas por una supuesta prohibici贸n del 鈥減rocesamiento adicional de datos鈥 (incluso antes de la entrada en vigencia de la LGPD). Esta realidad no ha cambiado. Una encuesta de Ficam Sabendo indic贸 que el Ministerio de Salud fue la agencia del gobierno federal que m谩s ignor贸 las solicitudes de acceso a la informaci贸n entre enero y abril de 2021.

La ley de protecci贸n de datos no s贸lo ha sido torcida por el gobierno para evadir y defenderse de investigaciones, tambi茅n ha sido manipulada por las autoridades para que ellas intenten acceder a informaci贸n protegida.聽

Las iniciativas del gobierno que son cuestionables desde el punto de vista de la protecci贸n de datos son diversas. Como la creaci贸n de gigantescos registros ciudadanos unificados y el intercambio de informaci贸n excesiva e innecesaria. En 2019, Bolsonaro vet贸 la disposici贸n que prohib铆a el intercambio de datos de los beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil con compa帽铆as privadas. Con el pretexto de prevenir el fraude a la Seguridad Social, Bolsonaro termin贸 implantando la posibilidad de que bancos y empresas utilicen datos personales para realizar marketing dirigido y facilitar pr茅stamos.

Al a帽o siguiente, Bolsonaro determin贸 que las empresas de telecomunicaciones deb铆an entregar los datos telef贸nicos de todos los brasile帽os para realizar la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares. La medida, inconstitucional por pedir datos personales innecesarios para la investigaci贸n, fue revocada en el Supremo Tribunal Federal (STF).聽聽

Bolsonaro tambi茅n emiti贸 un decreto que facilita el intercambio de datos personales entre agencias gubernamentales sin necesidad del consentimiento expreso de los ciudadanos, adem谩s del establecimiento del Registro Base Ciudadano. Tambi茅n siguieron otras iniciativas de intercambio de datos, como entre la Agencia Brasile帽a de Inteligencia (Abin) y el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) para compartir informaci贸n personal de los conductores.

Tampoco vio problemas en sancionar la creaci贸n de un registro nacional de condenados por violaci贸n, que preve铆a una base de datos con informaci贸n sobre caracter铆sticas f铆sicas, huellas dactilares, perfil gen茅tico, fotograf铆as de las viviendas y lugares de trabajo de los condenados. La norma no prev茅 l铆mites de tiempo para el almacenamiento de datos o medidas que garanticen su adecuada protecci贸n, convirti茅ndose en la pesadilla de quienes s铆 se preocupan por su seguridad.聽

Todo este tipo de medidas abren el camino al almacenamiento, acceso y uso compartido de datos en cantidades excesivas, aumentando las posibilidades de que los involucrados 鈥嬧媝ierdan el control sobre su informaci贸n personal o que sucedan brechas de seguridad.

Desinformar, censurar y obstaculizar

鈥婣dem谩s de la interpretaci贸n sesgada de las leyes, el gobierno federal se ha mostrado propenso a trabajar contra el acceso a la informaci贸n p煤blica mediante la eliminaci贸n, la no producci贸n, la dificultad creciente al acceso y la desinformaci贸n intencionada sobre datos de innegable inter茅s p煤blico. La transparencia no se trata solo de hacer que la informaci贸n est茅 disponible a trav茅s de peticiones. El objetivo es informar bien a los ciudadanos.

El actual gobierno se ha destacado por todo lo contrario, incluyendo la implicaci贸n personal del Presidente de la Rep煤blica en la difusi贸n de informaci贸n falsa, especialmente relacionada con la covid-19.

Con el retraso del suministro de datos epidemiol贸gicos del Ministerio de Salud, se omiti贸 temporalmente el n煤mero total de muertes por la covid-19. Fue uno de los momentos m谩s cr铆ticos de la pandemia. Desde abril de 2020, el ministerio empez贸 a divulgar selectivamente datos de pacientes 芦recuperados禄 y 芦en recuperaci贸n禄 de covid-19 en las redes sociales. Organizados por la Secretar铆a Especial de Comunicaci贸n Social (Secom), estos datos surgieron despu茅s de una denuncia del entonces ministro de la Secretar铆a de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos. 芦El Marcador de la Vida鈥 fue el nombre elegido para la enga帽osa iniciativa. La idea era enga帽ar con el pretexto de informar.

Las lecciones de la divulgaci贸n de informaci贸n da帽ina del gobierno tambi茅n se muestran en la agenda (anti)ambiental. Desde 2019, el presidente y sus l铆deres han criticado el papel del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) en el monitoreo de la deforestaci贸n e incendios. En julio de ese a帽o, Bolsonaro sugiri贸 recibir acceso previo a los datos sobre deforestaci贸n en la Amazon铆a para no ser 芦pillado en pantalones cortos禄, argumentando respeto por la 芦jerarqu铆a y disciplina禄 en la divulgaci贸n. Acusado de conspirar con alguna oeneg茅 contra el gobierno 鈥攐tra estrategia de desinformaci贸n, por el descr茅dito del an谩lisis t茅cnico especializado鈥 el entonces presidente de la instituci贸n, Ricardo Galv茫o, fue despedido poco despu茅s.

En julio de 2021, la coordinadora general para el monitoreo de la deforestaci贸n en la Amazon铆a, Lubia Vinhas, fue destituida tres d铆as despu茅s de la publicaci贸n de los datos sobre la aceleraci贸n de la deforestaci贸n en la regi贸n. En septiembre, el vicepresidente Hamilton Mour茫o acus贸 a funcionarios del Inpe de oponerse al gobierno por revelar datos negativos y sugiri贸 un 芦an谩lisis cualitativo禄 de la informaci贸n producida, con 芦ajustes y correcciones禄 a su 芦expresi贸n de la verdad禄. El descr茅dito de los datos incluso llev贸 a la sugerencia de una nueva agencia de monitoreo satelital en la Amazon铆a. En 2021, el director del Instituto Nacional de Meteorolog铆a, organismo vinculado al Ministerio de Agricultura, tambi茅n dijo en vivo que Inpe ya no revelar铆a informaci贸n sobre incendios, medida que fue inmediatamente revertida.

En poder de los organismos federales los datos que antes estaban disponibles han sido ocultados, como los del portal del gobierno federal cuyas p谩ginas de dif铆cil acceso son justificadas por una 鈥渞eformulaci贸n鈥 de la web. En la p谩gina del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, los numerosos informes con datos de apoyo a las pol铆ticas p煤blicas de salud de la mujer han desaparecido de la pesta帽a de publicaciones de la agencia, lugar donde instintivamente empiezas a buscar. Incluso la lista de programas sobre temas relacionados a la salud de la mujer desapareci贸 de la p谩gina.聽

Cualquiera que no sepa de antemano su existencia o busque archivos espec铆ficos utilizando motores de b煤squeda, probablemente no los encontrar谩.聽

Otro informe incompleto de la administraci贸n de Damares Alves es el de violaciones de derechos humanos realizado por Disque 100, un servicio de llamadas del ministerio que permite denunciar violaciones a los derechos humanos. Publicado en el 2020, la investigaci贸n no inclu铆a datos sobre violencia policial contra las mujeres, cuando desde a帽os atr谩s las cifras muestran una tendencia al alza. Los datos s贸lo se incluyeron cuando se archiv贸 la causa judicial.聽

Otra pr谩ctica generalizada de la indiferencia del gobierno por la transparencia es retrasar tanto como sea posible la divulgaci贸n de los datos solicitados. Esta pr谩ctica se convirti贸 en el est谩ndar de conducta de la Oficina de Seguridad Institucional, que aument贸 el tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la informaci贸n de uno a tres meses. Actualmente, hay 930 bases de datos del gobierno federal esperando su publicaci贸n. La mayor铆a de ellas est谩n relacionadas con temas ambientales.聽

Finalmente, hay datos que el gobierno simplemente ha renunciado a producir, como el Censo Demogr谩fico por parte del Instituto Brasile帽o de Geograf铆a y Estad铆stica. La encuesta, realizada por 煤ltima vez en 2010, se pospuso debido a la pandemia de 2020. Debido a fuertes recortes presupuestarios no fue posible realizarla en 2021, aunque fue garantizada por el Poder Judicial. Como resultado, investigadores y gestores se ven obligados a depender de datos obsoletos para realizar an谩lisis y dise帽ar pol铆ticas p煤blicas.

Sumisi贸n del control y ataques a la libertad

El 煤ltimo de la serie de actos dram谩ticos para la reducci贸n de la transparencia es descartar la posibilidad de escrutinio p煤blico. El gobierno de Bolsonaro, reacio a las cr铆ticas p煤blicas, abandon贸 los est谩ndares democr谩ticos y adopt贸 una forma de agenda personal impulsada tanto por disputas ideol贸gicas como por el deseo de beneficios individuales, ascensos y nombramientos.

Ser transparente implica respetar y considerar la cr铆tica p煤blica, as铆 como no utilizar los poderes p煤blicos para intimidar a quienes hablan en contra del gobierno. Algo en lo que Bolsonaro no cree.

Contrario a esto, varios agentes p煤blicos han utilizado sus posiciones para reprimir, de diversas formas, las opiniones de quienes son percibidos como opositores al gobierno. Dentro del Ejecutivo, nadie fue tan notable en este sentido como el exministro de la Abogac铆a General de la Uni贸n y exministro de Justicia Andr茅 Mendon莽a, cuya astucia fue recompensada por Bolsonaro con una nominaci贸n a la Corte Suprema. Mendon莽a mostr贸 su lealtad a su jefe y su infidelidad a la Constituci贸n haciendo uso extensivo de la Ley de Seguridad Nacional para intimidar a los cr铆ticos del gobierno. Actualmente, este ignominioso podio lo ocupa el secretario de Cultura, Mario Fr铆as, quien ha demostrado ser una especie de encarnaci贸n humana de la violaci贸n del principio constitucional de impersonalidad. La cartera de Fr铆as utiliza abiertamente todos los artificios posibles para asegurarse de que ning煤n proyecto que perciba como infiel a su bolsillo tenga la posibilidad de recibir apoyo. Esto incluye incluso el requisito de vacunaci贸n para asistir a eventos culturales, una obligaci贸n impuesta por muchos estados y municipios que no se puede ignorar.

La era Bolsonaro se caracteriza adem谩s por la total sumisi贸n de algunos destacados agentes del organismo de inspecci贸n y control, que se supone tienen una distancia cr铆tica del gobierno. Por ejemplo, la Contralor铆a General de la Uni贸n oblig贸 a los profesores de la Universidad Federal de Pelotas a firmar un documento de consenso de ajuste de conducta en marzo de 2021, luego de abrir un proceso disciplinario por 芦manifestaciones irrespetuosas dirigidas al Presidente de la Rep煤blica禄. Poco antes, el Ministerio de Educaci贸n tambi茅n hab铆a enviado una carta oficial a las universidades federales solicitando medidas para prevenir y sancionar 芦actos pol铆ticos partidistas禄; es decir: cr铆ticos del gobierno. Pero se ech贸 atr谩s luego de grandes repercusiones negativas.

La degradaci贸n es tal que ni siquiera los miembros destacados del Ministerio P煤blico y del Poder Judicial vieron problemas en tomarse de la mano con el circo de la holgazaner铆a. Conrado H眉bner Mendes, profesor de la Universidad de S茫o Paulo e investigador del Centro de An谩lisis de Libertad y de Autoritarismo, enfrenta acciones penales, procesos administrativos e investigaciones policiales por tuits y columnas period铆sticas cr铆ticas al ministro del STF, Kassio Nunes Marques, y a la omisi贸n de responsabilidades de Augusto Aras, procurador general de la Rep煤blica (PGR). Aras y Andr茅 Mendon莽a comenzaron una disputa no tan discreta por un lugar en el STF el a帽o pasado, en la que los ministros del聽 Tribunal Superior de Justicia聽 tambi茅n compitieron como perdedores.

Science, una de las revistas con mayor circulaci贸n cient铆fica en el mundo, describi贸 a Brasil como 芦un ambiente hostil禄 para profesores e investigadores. La opini贸n se bas贸 en la noticia sobre una ordenanza del Instituto Chico Mendes para la Conservaci贸n de la Biodiversidad (ICMBio), que otorg贸 a un director de la instituci贸n la prerrogativa de prohibir la publicaci贸n de textos cient铆ficos escritos por los funcionarios, muchos de los cuales tambi茅n son acad茅micos. Varios cient铆ficos, temerosos de perder su trabajo y de ataques a su integridad f铆sica, estar铆an 芦hablando menos de lo que les gustar铆a禄 e incluso dejando de firmar manifestaciones p煤blicas, como se muestra en una denuncia publicada por la Climate Social Science Network. La publicaci贸n tambi茅n record贸 el caso del cient铆fico Marcus Lacerda y otros 27 investigadores, quienes recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de una investigaci贸n civil por parte del Ministerio P煤blico Federal (MPF) a mediados de 2020 por realizar un estudio sobre los peligros de la cloroquina para el tratamiento de la covid-19.

La hostilidad tambi茅n se extiende a los miembros de la sociedad civil.聽

Los casos de opositores al gobierno, que se convirtieron en objeto de investigaci贸n por reprender su conducta o la del presidente, han crecido. En el Distrito Federal, la Polic铆a Militar detuvo a cinco manifestantes con una pancarta donde se le铆a 芦Bolsonaro genocida禄. Fueron acusados 鈥嬧媎e violar la Ley de Seguridad Nacional, que fue derogada meses despu茅s por el Congreso Nacional. En marzo de 2021, la Polic铆a Federal detuvo a Jo茫o Reginaldo da Silva J煤nior en el municipio de Uberl芒ndia por un tuit sarc谩stico sobre el presidente y al menos 25 personas fueron llamadas a declarar por otros posteos cr铆ticos.聽聽聽

Los enjuiciamientos e investigaciones contra los cr铆ticos avanzan lentamente. Su prop贸sito no es condenarlos, sobre todo porque sus bases legales son siempre fr谩giles, sino esparcir el miedo y hacer alarde de halagos serviles a Bolsonaro por arribismo o convicci贸n ideol贸gica. El amplio y merecido espacio que los聽 medios de comunicaci贸n dan a estos actos, parad贸jicamente, potencia sus efectos intimidatorios.

El ant铆doto ser铆a el castigo a los agentes responsables de los abusos, pero como muestra el caso del exministro de Justicia Andr茅 Mendon莽a, es m谩s probable que, si caen, lo hagan parados.

Este art铆culo forma parte de AQU脥 MANDO YO, un proyecto transmedia de Drom贸manos en colaboraci贸n con LAUT y diversos medios de comunicaci贸n latinoamericanos, entre ellos Piau铆. Visita el micrositio para ver todo el proyecto y entender el autoritarismo en Am茅rica Latina.