Una solicitud de acceso a la información ingresada en noviembre de 2019 por el equipo de La Pública abrió la puerta a los registros de las cámaras corporales de Carabineros. Sin embargo, un año y medio después, la institución policial busca que el Tribunal Constitucional (TC) cierre esta puerta de forma definitiva. Branislav Marelic, abogado que defiende el acceso a estos registros frente al TC, explica que ante violaciones a los Derechos Humanos, estas imágenes son una herramienta esencial de verdad y justicia.

Texto y entrevista: Catalina Gaete
Edición: Paulette Desormeaux

La Ley de Transparencia chilena, promulgada en agosto de 2008, permite a cualquier persona pedir acceso a información que esté en manos del Estado, “cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”. Es decir, no sólo los documentos son públicos sino que toda información elaborada con presupuesto fiscal, tales como videos, audios, mapas y bases de datos.

El acceso a este tipo de formatos cobró especial relevancia a partir de noviembre de 2019, cuando una solicitud de Transparencia de La Pública, ganó acceso -por primera vez en Chile- a las imágenes grabadas por las cámaras corporales de Carabineros durante las primeras semanas del Estallido Social. Los 200 minutos de video fueron publicados íntegramente en el sitio web del medio en octubre de 2020, junto a tres reportajes explicando el proceso de acceso y el contenido de los videos.

Esta experiencia motivó a decenas de personas a pedir más imágenes. Entre ellas, Felipe Munizaga, documentalista que en octubre de 2020 buscaba recolectar material para el proyecto audiovisual en el que trabaja. En su caso, sin embargo, Carabineros decidió llevar la controversia hasta la justicia. La institución presentó primero un recurso ante la Corte de Apelaciones y luego ante el Tribunal Constitucional (TC), organismo encargado de revisar si las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones de las Cortes, se ajustan a lo indicado por la Carta Magna. En este recurso, Carabineros pide que se declare inconstitucional el Artículo 5 de la Ley de Transparencia, que es el que permite acceder a mucho más que documentos, actos y resoluciones oficiales.

Branislav Marelic, abogado experto en acceso a la información y Derechos Humanos, defiende a Felipe -y el acceso a la información- ante el Tribunal Constitucional. Según su opinión, una decisión favorable a Carabineros en este tribunal podría significar un retroceso a otro tipo de Estado: “los Estados ocultos, los Estados sigilosos y autoritarios”.  

Captura de registro audiovisual de la cámara corporal de un funcionario de Carabineros, grabado el día 3 de octubre de 2020 al mediodía. Estas imágenes fueron obtenidas por La Pública a través de una solicitud, después de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia.

¿Es inédita esta presentación ante el Tribunal Constitucional?

Este caso es único, porque estamos hablando de videos y fuerzas policiales, en un momento muy álgido de nuestra historia reciente. Pero hace mucho tiempo, hace 10 años, se llevó al tribunal constitucional al Consejo para la Transparencia por el acceso a los correos electrónicos de un ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera. Ahí, el TC decidió que era inconstitucional una parte de la Ley de Transparencia. Si el TC sigue esa sentencia, podríamos perder, pero harto ha pasado desde ese momento y harto se ha evolucionado. Lo más probable es que el TC no va a fallar como falló erróneamente hace tanto tiempo.

¿Qué pasa si el TC acoge los argumentos de Carabineros y resuelve a su favor?

Si el TC decidiera que entregar los videos es inconstitucional, en realidad estamos volviendo 30 años al pasado. Estamos volviendo a otro Estado, que son los Estados ocultos, los Estados sigilosos, autoritarios, que no muestran las cosas (…) Carabineros trata de armar un relato diciendo que estos videos no son públicos porque tienen que ser entregados a Fiscalía, y como Fiscalía hace una investigación secreta, no puede ser conocida por el público. Pero ese es un resquicio. Es una mirada muy parcial, porque el acceso a la información pública en una democracia no es solamente para perseguir delitos. O sea, lo mínimo que debería hacer es perseguir delitos, por supuesto, pero la información pública en una democracia es también para que exista verdad; verdad ante violaciones de Derechos Humanos y por eso es tan importante mostrar los videos.

¿Cómo se relaciona el acceso a la información con los Derechos Humanos?

La transparencia es exponer al público y a la sociedad lo que está haciendo el Estado por mandato de los mismos ciudadanos. Pero hay información que tiene un impacto tan grande que no puede sino ser pública, y esos son los casos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos (…) Entonces tenemos un cúmulo de información que es pública por ley, pero además es pública casi por efecto moral. Tiene que ser pública: si no es pública estamos retrocediendo, estamos viviendo en un Estado de Derecho totalmente ineficiente, totalmente incompleto. Por eso es tan importante defender este derecho en este contexto.

Acá se cuentan cuentos de brujas, que los videos, se van a caer las investigaciones, se van a desviar los recursos, eso no va a pasar tampoco. O sea, todos los males que nos auguran porque los videos se muestren no son tales, entonces en el fondo no están denegando los archivos por una razón que sea legítima. Es más, yo creo que la razón para denegarlos no se dice, sino que están dando excusas o razones que no tienen ningún asidero.

¿Cuál es la razón?

Yo creo que es tratar de manejar la reputación y el prestigio que la institución tiene y que lamentablemente ha perdido por acciones de violaciones a los Derechos Humanos de parte de sus funcionarios.

Captura del registro audiovisual de la cámara corporal de un funcionario de Carabineros, grabado el día 2 de octubre de 2020 a las 19:35. En ese momento, los funcionarios policiales son informados de la caída de Anthony Araya desde Puente Pionono. Una funcionaria dice: «Bien, uno menos». Estas imágenes fueron obtenidas por La Pública a través de una solicitud y el equipo de La Revuelta en Chile visionó y editó los registros.

Ante las denuncias que enfrenta Carabineros, ¿cuál es el rol de la transparencia?

Yo creo que cuando una institución pública piensa que el acceso a la información es un perjuicio, un enemigo, estamos partiendo muy mal. El acceso a la información pública sí puede ser una herramienta de legitimidad, una herramienta de popularidad, de reputación. Uno podría decir que Carabineros no es que quiera ser hoy día opaco, sino que toda su vida lo ha sido, porque su forma, su estructura ha sido militar, estuvieron 17 años en una dictadura donde por definición todas las fuerzas policiales son secretas o son muy reservadas. Entonces más que hoy piensen que quieren ser secretos, en realidad quizás no conocen otra forma de hacer el trabajo, entonces también uno tiene que ir con una perspectiva correcta al momento de la reforma.
 

¿Este carácter secreto de Carabineros y las Fuerzas Armadas se extiende hasta hoy?

El argumento de la seguridad nacional existe en toda América. Las leyes de transparencia que se han impulsado por la OEA y por muchos acuerdos bilaterales han superado varios obstáculos, pero el obstáculo que no están pudiendo superar en esta época son los temas militares, son los temas de inteligencia. Cuando estamos llegando a las fronteras de la transparencia y estamos dejando todo transparente, nos vamos encontrando con estas fortalezas militares que no te dejan entrar.

Pero esa seguridad nacional es como un cheque en blanco. Te lo voy a negar por seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional? Parece ser que la seguridad nacional son los intereses del Ejército, como si el Ejército tuviera intereses diferenciados de los de la ciudadanía. Y eso obedece a una forma de ver el poder totalmente autoritario. La dictadura militar chilena no creía en la soberanía popular, que el poder venía del pueblo, por supuesto que no y de alguna forma el que tenía la soberanía eran los militares. Entonces si los militares tenían la soberanía para qué le vamos a rendir cuentas a los ciudadanos. Y ahora que ese paradigma por suerte se ha atenuado o ha desaparecido, la soberanía popular te exige que los militares no tienen intereses propios, no tienen agenda propia, y eso choca con la doctrina que tienen estas instituciones armadas. Ahí tenemos problemas.

¿Cómo se relaciona el derecho de acceso a la información con el derecho a la verdad?

El acceso a la información pública no solamente es para controlar los actos de corrupción, sino que también es una herramienta para que la ciudadanía conozca sin un juicio lo que ocurrió en el Estado con las graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de Chile por ejemplo, abrir archivos, abrir documentos y estructuras militares sin necesariamente un juicio es algo que contribuye a la verdad histórica, y con eso hemos tenido tira y aflojas. Las comisiones de verdad y los archivos siguen siendo secretos.

Con el aumento de la tecnología, hoy tenemos la posibilidad de registrar y grabar totalmente ilimitada en comparación a lo que teníamos el 73. Todas estas herramientas deberían ponerse a disposición de la verdad. La definición es clarísima: información pública es toda la información que obre en poder de la administración, que tiene la administración o que ha sido generada con recursos públicos. Entonces esas cámaras GoPro las tiene la administración y por lo tanto es información pública que existe, que está, que no teníamos el 73. Y si además tenemos una vulneración de Derechos Humanos bastante recurrente y extendida, como tuvimos en el Estallido Social, ¿por qué no? ¿Por qué no las podemos usar para eso? Es obvio decir que esas camaritas son nuestro instrumento de verdad adicional. Quizás el 73 eran las fotocopias, eran los microfilms, ahora esas herramientas son nuestro camino a la verdad.

Muchas personas están usando la Ley de Transparencia para pedir videos de Carabineros. ¿Cómo se valora eso desde una perspectiva de acceso a la justicia?

Tenemos el caso de Felipe que se la ha jugado en cuerpo y alma por tener los videos, que poco a poco van saliendo. Pero lamentablemente, se está ocupando el acceso a la información pública para suplir algo que no debería ser de carga de las víctimas o los ciudadanos, debería ser una responsabilidad del Estado. El Estado debería, proactivamente, internamente, empezar a gestionar esos videos y a publicarlos si corresponde. Entonces, cuando existe la percepción, la desconfianza, o quizás la certeza de que el Estado no está haciendo la pega son los ciudadanos los que ocupan esta herramienta para generar evidencia. Eso uno lo puede ver como algo bueno: ¡Bien, los ciudadanos! Pero yo también lo veo como algo preocupante. ¿Por qué los ciudadanos están ocupando esta herramienta cuando debería ser el Estado el que lo hiciese?