En marzo de 1991, tan solo unas semanas después de que se publicara el Informe Rettig en el diario La Nación, las Fuerzas Armadas y Carabineros tuvieron la oportunidad de hacer sus descargos ante el Cosena, un consejo conformado por las principales autoridades del Estado. Los militares aseguraron que el Informe Rettig era sesgado, y que no tenía ninguna validez histórica ni jurídica. También propusieron “olvidar para sanar” y usaron un supuesto estado de guerra durante la Dictadura para justificar las violaciones a los Derechos Humanos. Sus opiniones estaban contenidas en cuatro documentos que hoy son publicados por primera vez gracias a una solicitud de Transparencia.

Texto e investigación: Constanza Pérez y Catalina Gaete
Edición: Paulette Desormeaux
Ilustración: Rebeca Peña

Cuatro de la tarde del 27 de marzo de 1991, Sala de Audiencias del Palacio de la Moneda.  Patricio Aylwin, presidente de la República, daba inicio a una nueva sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para discutir los resultados de la Comisión Rettig, creada once meses antes para investigar las violaciones a los Derechos Humanos con resultado de muerte durante la Dictadura militar. Alrededor de la mesa se sentaron solo hombres, representantes de los principales cargos de poder político en Chile: el presidente de la República, el presidente del Senado, el Contralor General, el presidente de la Corte Suprema, los ministros de Interior, Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores, y quienes fueron los protagonistas de la reunión: Jorge Martínez Busch, Comandante en Jefe de la Armada; Fernando Matthei, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; Rodolfo Stange, General Director de Carabineros; y el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet.

Patricio Aylwin había decidido convocar la reunión para que los generales tuvieran un lugar donde hacer sus descargos sobre el informe. “Esta reunión fue convocada por el presidente para evitar que Pinochet la convocara, lo que hubiera sido muy grave”, dice hoy Carlos Ominami, uno de los asistentes a esa reunión como ministro de Economía. Recuerda que el ambiente era “para cortarlo con cuchillo”: a solo once meses del cambio de mando se sentaban frente a frente en una misma mesa la ex Junta Militar y los impulsores de la transición.

Luego de una pequeña discusión entre Matthei y Martínez Busch sobre el orden para intervenir en la sesión, el primero en hablar fue Rodolfo Stange, entonces General Director de Carabineros, con una extensa crítica que apuntaba al supuesto sesgo del informe. Cuando fue el turno de Pinochet, le recordó al presidente Patricio Aylwin su apoyo y el de sus compañeros de la Democracia Cristiana al Golpe de Estado. Frente a Aylwin, citó sus dichos del 19 de octubre de 1973 en el diario La Prensa: «La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10.000 extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista». Ominami recuerda hoy con mucha fuerza “la cara de furia de Aylwin, que se había comprometido a no hablar, y ahora Pinochet lo nombraba. Abría comillas, lo citaba. Pero él ya había hablado y no iba a retirar ninguna coma de lo que había dicho. No estaba para entrar en discusiones con Pinochet”, dice. 

Cuando los uniformados terminaron de hablar, fue el turno de Carlos Ominami. Tenía 40 años, era el más joven de la reunión. Cuenta que se sentía ansioso, nervioso y responsable de ser la voz de muchos que no podían estar ahí, ya que “pocos tenían la oportunidad de enfrentarse a Pinochet”, explica. Su padre, un ex oficial de la Fuerza Aérea, fue torturado y exiliado junto a su familia. Por orden del presidente, Ominami fue el único ministro que habló en la sesión. Su intervención quedó registrada en el acta. “Yo quiero decir presidente, de que no obstante ser hijo de alguien que sufrió los rigores de las situaciones que estamos discutiendo aquí, y que fue oficial de las Fuerzas Armadas, soy parte también de un sector del país que no entiende haber participado en guerra alguna”, dijo firme, para luego asegurar de que sería el tiempo el que juzgaría lo que pasó. 30 años después, Ominami cree que el juicio fue lapidario, dejando a Pinochet como un personaje que quedó en lo más bajo de la historia, como un “dictador sanguinario y corrupto”. 

¿Fue correcto sentarse a discutir sobre reconciliación con los mismos que habían dirigido los 17 años de Dictadura? Carlos Ominami cree que esa reunión nunca se debió hacer. Belisario Velasco, subsecretario del Interior y quien asistió a la sesión en reemplazo del ministro Enrique Krauss, dice que era imposible no hacerla. Por su parte, Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especialista en defensa, asegura que el Cosena no tiene cabida en el Chile de hoy, pero que por ese entonces, jugó un rol fundamental: “No hay que olvidarse que la Comisión Rettig fue sumamente resistida, que Pinochet seguía siendo Comandante en Jefe y en definitiva existía muy poca seguridad respecto de las convicciones democráticas de las Fuerzas Armadas”, asegura. Jorge Correa Sutil, abogado demócrata cristiano y secretario de la Comisión Rettig, concuerda con el rol que, hasta ese momento, cumplía el Cosena. “El eje central del gobierno de Aylwin fue afirmar el poder civil sobre el poder militar. Este mecanismo permitía al poder militar imponerse al poder civil dentro de la institucionalidad”, señala. 

Las actas del Consejo de Seguridad Nacional eran secretas hasta noviembre de 2017, cuando un fallo de la Corte Suprema terminó por cerrar la contienda judicial en donde el Estado Mayor Conjunto -organismo que reúne a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que cumple la función de custodiar los documentos del Cosena- pretendía negar su acceso a través de Transparencia. La inédita solicitud, ingresada por el equipo de La Pública en 2015, logró dar acceso a un registro esencial de las memorias de la transición chilena, y hoy las pone a disposición de todos y todas para su uso y consulta en el Archivo Ciudadano.  

Artículo publicado por El Mercurio el día sábado 16 de abril de 2016, cuando se dio a conocer la resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordena liberar las actas del Cosena. Parlamentarios oficialistas y de oposición son consultados respecto a esta decisión del CPLT, quienes manifiestan su rechazo por los efectos que puede tener la divulgación de las actas para la seguridad nacional y el interés público.

La opinión de los protagonistas

Uno a uno, los militares tomaron la palabra. En el acta del Cosena del 27 de marzo de 1991 las intervenciones de los Comandantes en Jefe se leen con agravio. Estaban molestos con los resultados de una comisión que, según ellos, tuvo una función política para desprestigiar a las instituciones armadas y tergiversar la historia.

Junto al acta del Cosena venían cuatro anexos, uno por cada rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En estos anexos está la versión extendida de la exposición que hicieron durante la sesión, con el detalle de sus opiniones respecto a la Comisión y el Informe Rettig. Los anexos presentados por los militares contienen un análisis detallado del informe en donde, punto por punto, van explicando por qué rechazan sus afirmaciones y recomendaciones. En varios ítems las Fuerzas Armadas coinciden, especialmente al justificar el Golpe y la Dictadura debido a un supuesto estado de guerra. También coinciden en el rechazo absoluto a las críticas expresadas hacia las labores del Poder Judicial y en la suposición de que para lograr la reconciliación, hay que simplemente olvidar. A continuación, cada uno de estos puntos es analizado con expertos y expertas en Derecho, Defensa, Seguridad e Historia.

“Estado de Sitio imperante que debía entenderse como Estado o Tiempo de Guerra, era indispensable ya que la acción de los grupos subversivos y terroristas, organizados en cuadros paramilitares y dotados de armamentos y explosivos, gran cantidad de los cuales eran de origen extranjero, continuaban su acción sediciosa y antinacional en todo el país”.

Anexo Nº2, Armada de Chile

Documento de 46 páginas que detalla el pronunciamiento oficial de la Armada ante el Informe Rettig.

Jorge Robles, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y actual director de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos –un centro de formación especializada vinculado al Ministerio de Defensa– accedió a la entrevista con la condición de no comentar las declaraciones de las otras ramas. “No me voy a referir al documento del Ejército, la Armada o Carabineros, porque los documentos hay que leerlos en el tiempo que se escriben”, sentenció. Sin embargo, sí estuvo dispuesto a comentar la conversación que sostuvo en noviembre de 2014 –en su calidad de comandante en jefe– con Fernando Matthei, ex miembro de la Junta Militar y quien dirigía los destinos de la Fach en 1991. “Tuvimos una larga reunión y uno de los temas que tocamos fue la declaración (de la Fach sobre el Informe Rettig)”. 

Respecto al supuesto estado de guerra, Robles asegura que no puede definirlo. “No tengo los antecedentes”, explica, pero afirma que “en las conversaciones que tuve con el general Matthei (…) él decía que hay que saber calificar cómo ocurrió el clima de odiosidad y polarización que se enfrentaba». Sin referirse al concepto de estado de guerra, Robles dice que “él (Matthei) me decía que se encontró con una sociedad separada irreconciliable, y que el deseo era evitar algo parecido a lo que había sido en otros lados”.

Nelson Caucoto, reconocido abogado especialista en Derechos Humanos, dice tajante que “no hubo guerra en Chile, no existió. Los militares quieren justificar todas estas muertes porque hubo una guerra y en la guerra muere gente y punto, se acabó”. En una guerra tienen que haber dos bandos que se enfrentan, señala Caucoto, pero el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) desapareció en el 73 con el golpe de Estado, y pasaron diez años para que se fundara el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización que emprendió una serie de acciones militares y el atentado fallido a Augusto Pinochet. Ninguna de estas organizaciones, asegura el abogado, eran capaces de contrarrestar el poder de las Fuerzas Armadas. 

Lo mismo cree Belisario Velasco, cuando pregunta hoy con ironía: “Dígame, ¿quién era el general del otro bando? ¿Dónde están los ejércitos? Esto te lo digo porque viví intensamente toda la Dictadura. Aquí no hubo guerra nunca, eso es falso”. Álvaro Fuentealba, abogado docente de la Universidad de Chile y autor del libro “Dictadura y Poder Judicial” (2012), agrega que “todo el derecho internacional humanitario que define la guerra, implica naturalmente un estado de beligerancia donde hayan bandos armados con acciones de guerra. Incluso si se considerara al FPMR como un bando organizado, ellos aparecen recién en 1986, y no en 1973 cuando se declara esta supuesta guerra”. 

La mayoría de las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que no había una guerra en Chile y que la disidencia fue rápidamente neutralizada por las fuerzas militares que comandaron el golpe. Sin embargo, concuerdan que incluso ante un escenario de guerra, las Fuerzas Armadas y Carabineros vulneraron todos los principios humanitarios. “Los militares olvidaron que aún en tiempos de guerra existe el derecho, y el derecho se torna más fuerte porque es cuando más importancia tiene la protección de una persona que está en un estado permanente de vulnerabilidad”, dice Nelson Caucoto, en referencia a los prisioneros y heridos de guerra, quienes están protegidos por el Convenio de Ginebra, un acuerdo internacional suscrito por Chile en 1949, más de 20 años antes del Golpe de Estado. 

El abogado Fuentealba concuerda: “Incluso habiendo una declaración de guerra rige el derecho internacional humanitario. Es decir, una vez que se detiene (a una persona) deja de ser un objetivo militar válido y tiene todos los derechos de un prisionero, pero aquí tenemos desapariciones forzadas y asesinatos políticos”. 

“Es falso que se cambiara la legalidad según la conveniencia coyuntural, como también lo es que la plena independencia del Poder Judicial no fue respetada”.

Anexo Nº3, Ejército de Chile

Documento de 25 páginas que detalla el pronunciamiento oficial del Ejército ante el Informe Rettig.

Días después del 11 de septiembre de 1973, la abogada Laura Novoa llegó a los Tribunales de Justicia con un recurso de amparo, pero antes de presentarlo, alguien le dijo “Laurita, no insista, nada de esto va a resultar”, cuenta. Casi cincuenta años más tarde, sentada en su oficina llena de libros y reconocimientos por su labor como abogada, exclama segura cuando le preguntan si el Poder Judicial dejó de funcionar correctamente luego del Golpe Militar: “¡Eso era una verdad a todas luces! Los tribunales sencillamente no daban boleta. Es algo muy difícil de contradecir”. Novoa fue parte de la Comisión Rettig y estuvo encargada de redactar la sección donde se condena el actuar de la justicia, misma condena que indignó a los uniformados. “Yo redacté lo que tuvo que ver con el comportamiento de los tribunales durante el régimen militar, que habían sido completamente proclives al gobierno y habían facilitado las cosas horribles que pasaron al no acoger los recursos de amparo”, recuerda.

No era necesaria una intervención burda en el Poder Judicial, según Álvaro Fuentealba, ya que con el palacio de gobierno aún humeando, Augusto Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar se reunieron con Enrique Urrutia Manzano, entonces presidente de la Corte Suprema, para sellar el apoyo del Poder Judicial a la Dictadura cívico-militar: “No llega el dictador y pone un presidente de la Corte Suprema porque no era necesario, ya tenía una actitud militante: son opositores al gobierno de la Unidad Popular. Incluso, Urrutia Manzano es quien inviste a Pinochet del cargo de Presidente de la República”, asegura Fuentealba. 

Nelson Caucoto tiene la misma opinión: “La Corte Suprema se queja de que haya un reproche crítico respecto de su actuación, pero ¿qué protección le dieron a la gente si rechazaron más de 10 mil recursos de amparo?”. Para él, un amparo rechazado para alguien que estaba detenido en los cuarteles de la DINA o de la CNI, era “una condena de muerte”. 

Ante los cuestionamientos que hace el Informe Rettig del actuar de Augusto Pinochet, de la Junta Militar y del Poder Judicial, el Ejército asegura en ese anexo adjunto a las actas, que “el Comandante en Jefe del Ejército hizo uso de sus atribuciones de gobierno y administración con el apoyo de todos los órganos que componen la administración del Estado”. Pero Fuentealba cataloga a toda esa institucionalidad como una “opereta de cartón”, ya que quienes componían en ese momento todos los órganos de la administración del Estado eran “serviles al régimen. No había ningún poder independiente en Chile”. Caucoto agrega que no solo el Poder Judicial se puso a disposición de la Junta: desde los poderes del Estado, hasta los camiones de las fábricas, pasando por entidades intermedias como el Registro Civil y Correos de Chile, todos se habrían alineado con el régimen. 

Fue solo en septiembre de 2013, con la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, que la Corte Suprema emitió una declaración reconociendo “omisiones”. La Corte Suprema señaló a través de Rubén Ballesteros, entonces presidente del organismo, que “no cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura, que en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a Derechos Humanos e impedir que siguieran ocurriendo». En esta declaración, sin embargo, no se pidió perdón, a pesar del emplazamiento que hizo la Asociación de Magistrados, una organización gremial que reúne a los jueces y juezas de Chile, que ese mismo año pidió perdón a “las víctimas, sus deudos y la sociedad chilena”.

La historia y las experiencias individuales y sociales prueban que situaciones de gran conflictividad no se superan con la reconstitución de los hechos causantes del conflicto. Ella interrumpe el apaciguador transcurso del tiempo, que permite moderar animosidades y olvidar agravios.  Estos criterios han inspirado durante siglos la institución de la amnistía. Al reconstituir el pasado doloroso, lo probable es que renazcan sentimientos de hostilidad recíprocos”.

Anexo Nº3, Ejército de Chile

Documento de 25 páginas que detalla el pronunciamiento oficial del Ejército ante el Informe Rettig.

Marie-Louise Jansen, historiadora y directora del Instituto de Justicia Histórica y Reconciliación, con sede en La Haya, Holanda, ha dedicado gran parte de su trayectoria a entender cómo las sociedades lidian con su pasado tormentoso para construir un futuro pacífico. El Holocausto Nazi ha sido uno de sus principales focos de estudio. “Los precedentes históricos sugieren que no hay una única respuesta correcta. De hecho, cada situación presentará su propio conjunto de dinámicas sociales, culturales, políticas, históricas e incluso dinámica económica que afecta al resultado”, asegura. 

Al leer las opiniones del Ejército contenidas en el Anexo Nº3, Marie-Louise Jansen asegura que “ciertamente, el paso del tiempo puede ayudar en el proceso de reconciliación (…) pero si las violaciones masivas a los Derechos Humanos no se abordan nunca, seguirá habiendo sentimientos de injusticia que pueden estallar más tarde y provocar nuevos conflictos”. 

Este es el “efecto boomerang” descrito también por Marije Hristova, historiadora y especialista en estudios Hispánicos. Hristova asegura que en procesos transicionales donde el olvido es la estrategia de reconciliación elegida, igualmente llega un momento en donde “la gente reclama el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”. Eso pasó –y sigue pasando– en España tras el legado de silencio que caracterizó los 30 años después del Franquismo. “Poco a poco aparecieron voces y en el 2000 se empiezan a abrir las primeras fosas. Con eso ya todo el tema de la memoria histórica empieza a ser más importante”, relata la especialista.

Las rejas del monumento al Rey Carlos III en Sol, en el corazón de Madrid, se llenan de consignas exigiendo verdad, justicia y reparación a las víctimas del Franquismo. Madrid, junio de 2021. Fotografía: Catalina Gaete.

Por eso, Hristova asegura que “lo que se reclama aquí (en el Anexo Nº3 del Ejército) es básicamente ese concepto, el de amnistía, de olvido, de que volver a los hechos sería abrir nuevas heridas. Ese sería el modelo de transición que tuvo España y que se exportó a otros países del mundo. Es muy probable que se hayan inspirado en ese ejemplo”.

Carlos Ominami recuerda claramente qué sentía cada vez que, en la sesión del Cosena, las Fuerzas Armadas decían que había que olvidar: “Era una bofetada. Nada podía ser más negativo para la convivencia hacia adelante que decirle a miles de personas que habían sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos que simplemente olvidaran”. Y es que cuando ocurren violaciones a los Derechos Humanos, “ocurre un crimen contra la humanidad”, asegura Antoon De Baets, historiador holandés especializado en Derechos Humanos. “La verdad histórica es un derecho individual de las víctimas y un derecho colectivo de la sociedad completa”, asegura.

Las deudas de la sociedad chilena con el Informe Rettig

La Comisión Rettig es una de las primeras comisiones de verdad establecidas en el mundo, incluso anterior al referente mundial: la Comisión Sudafricana de 1995, con la que se buscó la verdad de las violaciones a los Derechos Humanos del apartheid. Según un estudio de Anita Ferrara, investigadora italiana, la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación chilena estuvo a la vanguardia de un proceso que estaba en ciernes en el mundo. 

“Mirado desde hoy, naturalmente que el Informe Rettig constituye una manifestación de una política muy prudente. Pero mirado en ese momento, constituyó un acto de valentía”, asegura Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP). Frühling sostiene que la Comisión y el Informe Rettig no solo buscaron que los hechos se conocieran, sino que “hubiera un reconocimiento, una aceptación por parte de la máxima autoridad pública de que esos hechos ocurrieron y de que ocurrieron causando un enorme mal a miles de familias”. 

Junto con reconocer los hechos, el Informe Rettig entregó una serie de propuestas de reparación, las que incluían desde la instalación de memoriales para recordar a las víctimas, hasta programas de salud destinados a cubrir los gastos médicos de las secuelas de la represión y la tortura. Las otras recomendaciones apuntaban a la prevención de futuras violaciones a los Derechos Humanos, indicando una serie de medidas para intervenir, material y culturalmente, a las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

¿Se ha cumplido con implementar las recomendaciones del Informe Rettig?

En marzo de 2021, y a modo de conmemoración de los 30 años del Informe Rettig, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile organizó un seminario titulado “¿Dónde están? A 30 años del Informe Rettig, el estado de sus recomendaciones con incidencia en materia penal». En esa instancia, la abogada y especialista en Derechos Humanos Claudia Cárdenas, presentó un análisis detallado del estado de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión en materia penal. “Hace ya 30 años que teníamos una hoja de ruta, que en parte seguimos, pero en parte no”, asegura Cárdenas. 

Fue la Comisión Rettig la que recomendó la creación de un Ministerio Público autónomo y el derecho a la defensa. Ambas medidas se adoptaron: primero, con la creación del Ministerio Público en septiembre de 1997, y luego con la creación de la Defensoría Penal Pública en marzo de 2001. “También se recomienda que sea público el lugar de la detención, específicamente que se cree un centro computacional permanente de libre acceso que informe sobre las personas privadas de libertad en todo el país y el lugar donde se encuentran. Esto no se ha logrado, está pendiente”, concluye Cárdenas. Efectivamente, en noviembre de 2019, y a raíz de denuncias recibidas durante los primeros días del Estallido Social, el Consejo para la Transparencia fiscalizó el acceso al registro de detenidos en 27 comisarías de tres regiones del país. “Se pudo concluir que en un tercio de las comisarías fiscalizadas, no fue posible acceder al registro de detenidos conforme al estándar constitucional”, aseguró el Consejo en un oficio enviado a Carabineros. 

La Comisión Rettig hace otra recomendación que resuena con el presente: la obligación del personal uniformado de usar permanentemente, y en un lugar visible, una placa con número, o de exhibir credenciales en el caso del personal no uniformado. El cumplimiento de esta recomendación hecha hace 30 años es deficiente, ya que desde el Estallido Social han sido reiteradas las denuncias ciudadanas sobre funcionarios policiales sin identificación visible. Así lo muestran los videos de las cámaras corporales del GOPE liberados y publicados por La Pública, en donde se ven los uniformes sin nombre ni identificación. En noviembre de 2020, la Contraloría ofició a la institución para que aclare cómo se incorporará la identificación obligatoria en sus nuevos uniformes. “Varias de las recomendaciones que no se han seguido resurgen hoy como necesidades urgentes”, concluye Claudia Cárdenas. 

Treinta años después de su labor en la Comisión, Laura Novoa cree que no se acogieron las recomendaciones y no se avanzó en la reconciliación. Ominami también cree que Chile está al debe, con muchos casos que nunca se resolvieron, gente que no ha sido reparada y cientos de familias que quedaron con sus detenidos aún desaparecidos.  “Hay medidas que señala la Comisión Rettig que hoy día son urgentes, como la incorporación de enseñanza de Derechos Humanos y del derecho internacional al interior de las Fuerzas Armadas –advierte Caucoto–. Hoy debería darle vergüenza a estas instituciones (Fuerzas Armadas) decir lo que dijeron del Informe Rettig”.  

Para este reportaje se contactó al Ejército de Chile y a la Fundación Jaime Guzmán para comentar, a la luz del presente, las opiniones vertidas en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones quiso conceder una entrevista a La Pública. La Fundación Jaime Guzmán no dio razones para no referirse al tema. Por su parte, el Departamento Comunicacional del Ejército aseguró en respuesta a la solicitud de entrevista que esa institución es “por esencia una institución apolítica, dada su calidad de permanente de la República, razón por la cual no le corresponde emitir juicios ni opiniones de hechos o temas que formen parte de la historia y política contingente del país”.

Seminario «¿Dónde están? A 30 años del informe Rettig, el estado de sus recomendaciones con incidencia en materia penal»
 Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, contó con la participación de Laura Novoa, ex integrante de la Comisión Rettig; Claudia Cárdenas, profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile; Gloria Elgueta, integrante de la mesa de trabajo de Londres 38, Espacio de Memorias; y Gonzalo Medina, profesor del Departamento de Ciencias Penales.