Las plataformas de videoconferencia que los funcionarios públicos usan para reunirse de forma virtual, como Zoom y Microsoft Teams, pueden generar automáticamente informes de uso que contienen detalles de la duración de las reuniones, el tema y, en algunos casos, el nombre de los anfitriones y asistentes. La Pública pidió por Ley de Transparencia acceso a este tipo de informes de ocho organismos públicos, pero solo dos accedieron a entregarlos. Otros tres fueron obligados a hacerlo por el Consejo para la Transparencia.

Texto e investigación: Catalina Gaete y Paulette Desormeaux
Ilustración e historia gráfica: Hans Peralta y Claudio Cifuentes
Con la colaboración de Renate Uslar y Karina López

El viernes 17 de julio de 2020, a las 14.45 hrs, Enrique Paris sostuvo una cita con más de 300 alcaldes y alcaldesas a través de la plataforma Zoom. Llevaba poco más de un mes como nuevo ministro de Salud y en la videoconferencia explicó a las autoridades comunales cómo operaría el plan “Paso a Paso”. 

Antes de la pandemia, cuando las reuniones se realizaban de manera presencial, no había ningún dispositivo de grabación que las registrara fácilmente. Pero ahora que ocurren a través de plataformas digitales –como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams–, es posible contar con audios y videos de los encuentros. Por eso, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Javier Fuenzalida, opina que “esta es una oportunidad para elevar los estándares de transparencia”. Pero, ¿es eso efectivo? ¿Puede la ciudadanía acceder a esos registros? 

La Pública ingresó solicitudes de acceso a la información en las que pidió las grabaciones de las reuniones de funcionarios del Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y la Secretaría General de la Presidencia, entre otros. Las respuestas coinciden en que no existen tales grabaciones: la ley “no establece la obligación para las autoridades ni funcionarios públicos de registrar los contenidos de dichos encuentros, sean presenciales o telemáticas, es decir, no es obligatorio grabar el encuentro en caso de realizarse vía videoconferencia”, explica Jorge Jaraquemada, expresidente del Consejo para la Transparencia. 

La alternativa para acceder a registros de reuniones

Desde que partió el primer periodo de confinamiento y hasta marzo de este año, casi 200 organismos públicos habían emitido órdenes de compra de licencias de uso de la plataforma Zoom. La Ley de Transparencia establece que las personas tienen derecho a acceder a la información elaborada con presupuesto público, por lo que La Pública pidió acceso al video de la reunión entre el ministro de Salud, los alcaldes y alcaldesas, y a los informes generados automáticamente por Zoom. La Subsecretaría de Salud Pública denegó la solicitud, diciendo que no tenía la grabación y que para entregar los informes tendría que conseguirlos con el proveedor, lo cual no le correspondía hacer. “En lugar de solicitar información que obra en poder de este órgano, requiere un informe de uso o reporte de una plataforma tecnológica (…) información que este Servicio no posee en ninguna de sus plataformas”, argumentó. 

Pese a esta negativa, La Pública ingresó otras ocho solicitudes de Transparencia a distintos organismos, pidiendo acceso a los informes de uso de las plataformas de videoconferencia. Solo dos entregaron estos registros: la subsecretaría de Justicia y el Servicio Electoral. 

La Subsecretaría de Justicia entregó una planilla en formato Excel con más de 1.200 reuniones que se realizaron entre el 2 de marzo y el 20 de agosto de 2020. En esta se detalla el nombre del anfitrión de la videollamada, su correo electrónico y en qué departamento de la subsecretaría trabaja. También se registra la cantidad de participantes, el tema a tratar, la fecha, hora y duración del encuentro, y si este fue grabado. Es la planilla más completa de todas las entregadas por organismos públicos.

Gracias a esa información es posible ver, por ejemplo, que el 15 de abril del año pasado hubo una videollamada de 10 horas en la que participaron “seremis y autoridades”, que tuvo 26 participantes. La reunión terminó a las 3 de la mañana del día siguiente. O que el 8 de mayo, el subsecretario de Justicia se reunió por Zoom con alcaldes en una llamada con 281 participantes.

El Servicio Electoral (Servel) también entregó una planilla que contiene el registro de las 45 reuniones organizadas entre el 1 y el 31 de julio de 2020. Esta contiene la fecha y la hora de las videollamadas, el tema abordado, el número de participantes y la duración. Aunque la planilla no tiene el nombre de los y las participantes, sí registra el nombre de los anfitriones. El abogado Álvaro Castañón, quien se desempeña como secretario del Consejo Directivo de Servel, figura como el anfitrión de todas las reuniones. Entre ellas, se encuentran las sesiones de la Mesa Técnica Minsal-Servel Plebiscito Nacional 2020, realizadas el 13 y 22 de julio, así como un encuentro llamado “Reunión Partidos Políticos-Servel” (53 participantes) y una “Reunión Servel-Movilh” (4 participantes).

Los otros seis organismos negaron acceso a estas mismas planillas argumentando que la información no estaba en ninguna de sus plataformas.

La Pública interpuso tres amparos o reclamos ante el Consejo para la Transparencia, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 20.285, por la denegación de los registros. En enero de este año, el directorio del Consejo resolvió acoger los tres amparos, obligando a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y la Subsecretaría de Derechos Humanos a entregar los informes generados por Zoom y Microsoft Teams entre mayo y agosto de 2020.

INFORMACIÓN DISPAR

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) usa el sistema Microsoft Teams y entregó un reporte donde figuran 73 funcionarios y funcionarias que participaron en videoconferencias entre el 1 de marzo y el 20 de agosto de este año. Quienes estuvieron en más reuniones fueron Leonardo Placencia Muñoz y Jorge Soto Cárdenas, dos asistentes de soporte informático que estuvieron en 43 y 32 reuniones respectivamente. Los siguen Pablo Armijo Cerda, analista de la unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas (29 reuniones) y el abogado Sebastián León Nuñez, de la división Jurídico Legislativa (23 reuniones). Según la tabla entregada, en esos casi seis meses la mitad de los funcionarios y funcionarias estuvo sólo en tres videoconferencias o menos.

La planilla no incluye datos de las fechas de las reuniones ni de su duración o los nombres de quiénes participaron, por lo que no es posible obtener información adicional de ella. Al entregar el reporte, la abogada Carolina Pino, encargada de Solicitudes de Acceso de Información de la Segpres, aseguró que de los informes que Microsoft Teams genera de forma automática sólo es posible obtener “la cantidad de reuniones realizadas y la cantidad de reuniones en que participa el funcionario”.

Claudio Ojeda es gerente de Tecnología y Estrategia de Adaptor Chile, uno de los proveedores del Estado de licencias de uso de Zoom, que está inscrito en Mercado Público. Ojeda explica que la prioridad de las plataformas de videoconferencias no es la transparencia, sino la privacidad. “En la práctica, lo que podría hacerse (en términos de acceso a la información) es muy específico. Se podría decir que hubo una reunión tal día entre X direcciones y punto. No mucho más”, explica. 

Pero los informes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, generados de forma automática por Zoom, sí incluyen más información. En la planilla entregada es posible identificar, por ejemplo, que hubo cinco reuniones virtuales relacionadas a un tal “Proyecto 355”. 

La Pública pidió los antecedentes del proyecto por Ley de Transparencia, pero el organismo negó el acceso, argumentando que Ia entrega de esta información “evidentemente afectaría (…) el debido cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría”. En su respuesta también advirtió que además podría traer un “riesgo de confusión” ya que este se encuentra en “etapa de aprobación por las autoridades del Servicio y por tanto, no cuenta con los antecedentes necesarios para poder divulgarse”.

Consultados sobre este proyecto, el equipo de Comunicaciones de la subsecretaría explicó que a fines de 2018 se fijó como prioridad el revisar todos los casos de víctimas calificadas de ejecución política y desaparición forzada que se encuentran en su sistema –3.216– para determinar en cuántos de ellos la Unidad del Programa de Derechos Humanos (UPDH) había iniciado acciones judiciales, ya que “hasta entonces existían diferencias en la cifra”. El objetivo era determinar la cantidad exacta de víctimas que no estaban vinculadas a un proceso para ver la “viabilidad del ejercicio de acciones judiciales, verificando si existen antecedentes suficientes para solicitar el inicio de una investigación” (ver respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre el Proyecto 355). En un principio, se habían contado 355 casos –de ahí el nombre del proyecto– pero en 2019, al revisar la información, se constató que en realidad eran 282. 

El año pasado, una “Comisión Revisadora de Casos”, formada por abogados y abogadas de la UPDH,  acordó que “lo pertinente no era pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad de un caso, sino respecto a la prioridad o no del ejercicio de las acciones legales, concluyendo que de los 282 casos, 137 eran inviables y 145 viables, de entre los cuales 61 eran prioritarios y 84 no prioritarios.” Fueron esas reuniones las que quedaron registradas en los informes de uso de Zoom a los que La Pública accedió por Transparencia. 

Este año, la Unidad debe acordar qué acciones judiciales presentará respecto a los 61 casos que se definieron como prioritarios y  que “se informarán próximamente a la Subsecretaría” (ver respuesta).

REUNIONES NO REPORTADAS

 

A diferencia de los otros organismos, en la planilla entregada por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) sí se incluyen los nombres de los y las participantes a las reuniones. Allí constan los encuentros virtuales que sostuvo la exvocera de Gobierno, Karla Rubilar, con diferentes actores privados. Por ejemplo, en julio del año pasado, la autoridad se reunió por videollamada con el ahora candidato constituyente por el Distrito 6, Benjamín Lorca Insunza (ver planilla aquí). Esta videoconferencia no fue reportada en Infolobby, la plataforma que permite acceder al registro de audiencias sostenidas entre funcionarios públicos y lobbistas o gestores de intereses, es decir, personas que buscan influir de alguna forma en el quehacer del Estado. Lorca está registrado allí como gestor de interés.

Benjamín Lorca se desempeña como director ejecutivo de Reforma Chile, una organización cristiana que ha participado intensamente de procesos legislativos, manifestando su férrea oposición a la despenalización del aborto y la identidad de género. Antes de la pandemia, se había reunido en La Moneda con Juan Pablo Longueira Brinkmann cuando este era jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, y con Loreto Cornejo, quien entonces trabajaba en la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. Esas autoridades sí reportaron las audiencias en InfoLobby. ¿Por qué Rubilar no registró el encuentro? 

Según su equipo de Comunicaciones, que ahora la acompaña en sus funciones como ministra de Desarrollo Social, la videollamada “se trató de la invitación a participar en un encuentro de Oración por Chile” y asegura que no correspondía reportarlo porque no era una actividad de lobby o gestión de intereses. El informe de uso de Zoom muestra que la videollamada comenzó a las 11 de la mañana de un viernes y duró casi tres horas. Según el mismo documento, Rubilar fue la anfitriona y hubo sólo tres participantes. Este no fue el primer encuentro entre ambos. En enero de 2019, cuando ella era Intendenta de la Región Metropolitana, Lorca estuvo en La Moneda invitado por Rubilar, para dialogar sobre el rol social de las Iglesias en Chile.

                                  Fuente: Fotografía de acceso público en la página de Facebook de Benjamín Lorca.

Pablo Contreras, abogado especializado en Transparencia y Acceso a la Información, y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, considera que aunque la respuesta oficial de la autoridad “jurídicamente puede ser correcta”, lo que evidencian estos informes de reuniones telemáticas es que existe “un punto ciego en la Ley de Lobby y el registro de audiencias”, ya que permiten observar que hay personas que tienen encuentros con las autoridades que no están registrados en ninguna parte. “Es muy difícil fiscalizar, hay que quedarse solo con la palabra de la autoridad pública respecto del contenido de ese tipo de reunión”, agrega.

De hecho, en agosto del año pasado, el Consejo para la Transparencia recalcó que “persisten dificultades para el control social de los registros de audiencias, por la forma en que se organiza la información, cómo se clasifica y cómo se describen las materias tratadas”. El organismo detectó que la cantidad de reuniones reportadas en InfoLobby entre enero y agosto había bajado en un 62% respecto al mismo período del año anterior. No es posible determinar si esto se debe a que hubo muchas menos reuniones o si al ser virtuales estas dejaron de informarse. Lo que sí está claro, es que un estudio de fiscalización a las gestiones de lobby en el sector salud elaborado por el Consejo para la Transparencia, constató que entre enero y junio de 2020 hubo 47 reuniones relacionadas con COVID-19 que deberían haber sido registradas en InfoLobby y no fueron reportadas.

El informe de Zoom de la Segegob también muestra que el jueves 8 de julio la exvocera se reunió por casi dos horas (101 minutos) con Alvaro Jadue, empresario y presidente de Barrio Bellavista, y con Gustavo Yaquinto, empresario y gerente comercial de E-360, una consultora privada que promueve proyectos de innovación. A la misma reunión asistieron Patricio Ovalle Wood, director del Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico y un usuario identificado como “Ministerio de Hacienda”, entre otros. “Se trató de una reunión a la que se convocó desde Segegob, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, a los alcaldes de Santiago y Providencia y los locatarios de la denominada “Zona Cero” (Plaza Baquedano y sus alrededores) con el fin de conocer el estado de situación que estaban viviendo como consecuencia de las permanentes manifestaciones y desórdenes desde el 18 de octubre de 2019”, asegura el equipo de Comunicaciones de la ministra. Esta reunión no fue registrada en ningún tipo de agenda pública y tampoco fue publicada en la web institucional de Segegob. 

“Supongamos de buena fe (…) que todas las autoridades cumplieron con la ley. Igual hay personas que llegan a tener acceso a autoridades y no hay conocimiento público de ese tipo de audiencias. Quizás hay que perfeccionar el sistema de agenda pública de las autoridades –plantea el abogado Contreras–. Pueden ser un elemento de transparencia activa”. 

En eso coincide Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, organización que representa al capítulo chileno de Transparencia Internacional. “Lo esperable es que las agendas fueran públicas y poder conocerlas de manera activa, no solamente con solicitud de acceso”, plantea Precht, quien destaca la importancia de avanzar en buenas prácticas, más allá de lo obligado por la normativa.