Perdigones de goma disparados sin un objetivo claro y a la parte superior del cuerpo, funcionarios sin identificación y uso desproporcionado de la fuerza con lacrimógenas y gas pimienta, son algunas de las transgresiones a protocolos y estudios que registraron las cámaras GoPro del GOPE durante las dos primeras semanas del estallido social. “Estos videos muestran la naturalización de una manera de actuar abusiva y desproporcionada contra la población civil desarmada”, concluye Karinna Fernández, abogada especializada en derechos humanos. 

Texto e investigación: Claudio Cifuentes y Camila Fox
Edición: Paulette Desormeaux y Boris Bezama

Ilustración e historia gráfica: Gabriel Garvo, Rebeca Peña, Hans Peralta y Makarena Kramcsak
Redes sociales: Camila Fox          

Los videos de un carabinero provocando la caída de un menor de 16 años al río Mapocho desde el puente Pío Nono se tomaron la agenda nacional el viernes 2 de octubre, y su viralización en las redes sociales pusieron en el debate nuevamente el cumplimiento de los protocolos policiales, cuando faltan solo dos semanas para el primer aniversario del estallido social.

Las  imágenes reproducidas casi en tiempo real y  las cámaras corporales portadas por Carabineros, fueron parte de la prueba que permitió a la fiscal encargada del caso, Ximena Chong, lograr la prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado.

Las videocámaras corporales no son algo nuevo para la policía: en noviembre de 2018 registraron el operativo policial que terminó con el asesinato de Camilo Catrillanca, y también grabaron el momento justo en el que otro escuadrón policial cegó a Fabiola Campillai en 2019. Pero lo que sí es nuevo es la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que obligó a Carabineros a entregar a La Pública los videos de los funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) durante las dos primeras semanas del estallido social. El organismo reconoció que estas imágenes son públicas, y que no se necesita un episodio de violencia brutal o una investigación judicial para acceder a ellas. 

Una vez en nuestro poder y tras revisar los casi 210 minutos de videos, pusimos  las imágenes en manos de un grupo de expertos en derechos humanos, quienes identificaron impactos de perdigones de goma que no respetaron los ángulos de disparos, casos en los que la policía hizo uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, e incluso un intento por evadir la comunicación con el Centro Nacional de Comunicaciones  –acto que raya en la insubordinación, según uno de ellos–. 

Falta de visión

La noche del 18 de octubre, el escuadrón Beta 9 del Gope fue destinado a patrullar Huechuraba, liderados por el capitán Camilo Carvacho, exmiembro del Comando Jungla (agrupación capacitada en Colombia para enfrentar la violencia rural en La Araucanía hasta que el impacto del caso Catrillanca obligó a disolverlo). Carvacho guió a su equipo por una calle iluminada por las barricadas, acompañado del carro J040 –el mismo que estuvo en el operativo donde fue asesinado el comunero mapuche.

Una barricada los detuvo. Pararon detrás de ella, y el capitán le ordenó al equipo despejar el camino. Al chofer del J040 le dijo que apagara las luces para no ser vistos. Todo se oscureció, pero, en esa oscuridad, un láser verde lo apuntaba directamente a él. Sin tener mayor visión, disparó.

Captura de pantalla video: 18 de octubre – Huechuraba

“En un contexto de oscuridad donde un láser verde te está apuntando a la cara, un policía no debería llegar y disparar la escopeta antidisturbios así, de la nada… No tiene control de la dirección del perdigón, que en sí mismo son poco precisos”, comenta Pietro Sferrazza, el académico de la Universidad de Valparaíso, abogado, Magíster y Doctor en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III Madrid.

Karinna Fernández, abogada de Londres 38, asesora jurídica de Forest Peoples Programme y abogada de Álex Núñez –hombre de 39 años que murió tras una golpiza de carabineros durante el estallido social–  coincide con Sferrazza: “Si tú lanzas sin ver la dirección ni quién te está apuntando con el láser, es muy probable que sea un niño, una niña o un adolescente. No hay una medición del riesgo, de los derechos a la integridad y la vida que puedes alterar con eso. Siento que no se mide nada. No hay uso responsable”.

El jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, afirma que “se puede observar lo mismo que el INDH planteó durante la crisis social: había utilización indiscriminada de escopeta antidisturbios hacia personas que se manifestaban”.

Ángulos de disparo

 

La falta de visión es solo uno de los problemas en el uso de las escopetas antidisturbios. Videos del 18, 19 y 21 de octubre muestran a funcionarios del Gope disparando cinco veces en un ángulo recto, a pesar de que la misma institución, e incluso un proveedor de cartuchos de perdigones de goma, recomiendan disparar a la parte inferior del cuerpo.

En 2012, el Departamento de Criminalística de Carabineros publicó un informe sobre el uso de escopetas antidisturbios con perdigones de goma y el daño que esta munición causa en las personas en distintas condiciones. Después de realizar pruebas balísticas, Vivian Bustos, perito forense del Servicio Médico Legal y asesora del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, y la Capitán Carla Fernández, perito de Carabineros, concluyeron que si el disparo se realiza a una distancia de entre 5 y 25 metros del objetivo, puede generar lesiones corporales de carácter grave, como el estallido ocular. 

La recomendación fue usar las escopetas antidisturbios “a una distancia superior a los 30 mts. y apuntando siempre hacia el tercio medio Inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables o expuestas al estar protegidas por las vestimentas y el calzado”. 

También en 2012, Tec Harseim –empresa que fabrica cartuchos antidisturbios de goma y se los vende a Carabineros– le advirtió a Gendarmería que esos cartuchos debían ser disparados a las piernas de los objetivos, no contra la cabeza o el bajo vientre, y a distancias superiores a 20 metros.

Sin embargo, a raíz de un sumario que Contraloría inició en marzo de este año contra siete altos mandos de Carabineros por responsabilidades administrativas en el actuar de la policía durante el estallido social, el director de Logística, Jean Camus Dávila, y el director nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco, reconocieron que se enteraron  después del estallido social de la existencia del estudio y de esas recomendaciones efectuadas por el Departamento de Criminalística.

Por otro lado, el Manual de Operaciones para el Control del Orden Público que se aprobó en marzo de 2019 no menciona nada respecto del ángulo de disparo de las escopetas. No obstante, señala que el funcionario deberá considerar aspectos como “la distancia entre el tirador y la muchedumbre y las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.)” antes de disparar una escopeta antidisturbios. 

Pero estos disparos fueron hechos de manera frontal, en un ángulo recto, según lo que se observa en los videos, y sin un objetivo claro en frente. Sferrazza explica que “aunque estés en la distancia correcta, siempre tienes que apuntar hacia abajo… Además, las escopetas antidisturbios no se pueden utilizar de una manera indiscriminada, es decir uno no puede llegar y disparar a multitudes. Solamente se puede utilizar contra un sujeto que está ejerciendo violencia”. 

Desproporcionalidad en el uso de la fuerza

El 19 de octubre, el escuadrón Beta 9 continuó patrullando por Huechuraba protegidos por el carro J040. El escuadrón se detuvo a 100 metros de una serie de casas y un funcionario disparó una lacrimógena en esa dirección.    

–¡Anda con pistola ese conchasumadre! –le dijo el carabinero al capitán, justificando su disparo.

Pero el capitán Carvacho lo corrigió.

–Está con una honda, hueón. No tirí arriba de los techos, hueón, porque podí provocar un incendio, hueón. 

En marzo de 2019, se publicó el protocolo del Uso de la Fuerza que rigió el actuar de Carabineros durante el estallido social. Éste prohíbe “utilizar disuasivos químicos en sectores donde puedan verse  afectados hospitales, consultorios, jardines infantiles o lugares de similar naturaleza, caso en el cual deben utilizar otros mecanismos para restablecer el orden público”. 

A Jorge Araya, jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet, esta escena le sorprende y advierte que “debiera ser obvio que tirar las lacrimógenas a los techos puede provocar un incendio, lo que es gravísimo para las familias que viven allí”. 

Sferrazza agrega que esta escena exhibe un uso desproporcionado de la fuerza, pues la supuesta amenaza del manifestante no era lo suficientemente grave como para justificar el disparo de la lacrimógena, como lo especifica el “Principio de Proporcionalidad” del mismo protocolo. “Si es que se desatara un incendio, el daño que se podría generar, sería mayor al que se podría evitar”, sentencia.

GAS PIMIENTA

El 18 de octubre, también en Huechuraba, el escuadrón Beta 9 se parapetó en una estacionamiento frente a un Banco Estado. Los manifestantes les lanzaron piedras y botellas, y ellos respondieron con perdigones de goma y lacrimógenas. Un funcionario le avisó al capitán Carvacho que un peatón se acercaba por la izquierda. 

–¡Levante las manos! ¡Levanta las manos, hombre! ¡Levanta las manos! –le gritó el capitán.

El peatón siguió su camino, y al tercer llamado levantó sus brazos hasta la cintura. El capitán, sin embargo, ordenó que lo gasearan con MK9, nombre técnico del gas pimienta. Un carabinero se le acercó y lo gaseó tres veces en la cara. 

–¡Levanta las manos, hombre, te están diciendo! –le volvió a gritar el capitán mientras lo gaseaban, pero el peatón siguió su camino hacia el banco.

Durante el estallido social, Carabineros no tenía una instrucción específica sobre el uso del gas MK9. El protocolo de marzo de 2019 reguló el uso de “líquidos lacrimógenos”, pero no se incluyó este gas en particular: “Sólo se utilizará con manifestantes que se nieguen a acatar violenta o agresivamente las contenciones o despejes, se resistan a su detención o estén cometiendo graves alteraciones al orden público, con el fin de evitar el contacto físico y enfrentamientos directos o acciones de violencia”. Recién en julio de 2020 se agregó a este protocolo el gas MK9 como un arma en la categoría “menos letal”.

“El MK9 y el MK46 son dos spray que se protocolizaron con posterioridad a los hechos. Y en el estallido social se ocupaban sin que estuvieran protocolizados”, explica Sferrazza.

Al analizar la escena, Jorge Araya comenta que el ciudadano sí estaba cometiendo una falta: “No estaba obedeciendo a la autoridad en ese minuto, pero no había necesidad [de gasearlo]… Si el tipo hubiera levantado algo amenazadoramente o se hubiese visto que tenía un arma, ameritaba, a lo mejor, tirarle algo para reducirlo y tener cierta ventaja sobre él”. 

Karinna Fernández afirma que esa escena “evidentemente muestra el actuar abusivo e injustificado de Carabineros. Estos videos muestran la naturalización del  actuar absolutamente desproporcionado contra la población civil desarmada”.

“Lo que me he ido convenciendo cada vez más es que en la policía existe una falta de profesionalismo y una tendencia a pensar que la labor de ellos es castigar al otro. Más que usar la fuerza o usar los medios para reducir y controlar el orden, hay un afán de castigo que parece repetirse en distintas situaciones que a uno le toca observar”, concluye Araya, jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Vestimenta e identificación

El 29 de octubre, el escuadrón Beta 17 del Gope fue destinado en Huérfanos con Estado, en la comuna de Santiago, para patrullar una farmacia que había sido saqueada. El teniente Felipe Urrutia portaba una cámara Go Pro. 

Mientras monitoreaban la situación, el teniente se acercó a otro funcionario para decidir cómo seguir con el procedimiento. La cámara grabó de frente a su compañero: la escena muestra que el funcionario no llevaba la placa de identificación que todos los carabineros están obligados a portar.  

Captura de pantalla video: 29 de octubre – Paseo Huérfanos

El Reglamento para la Placa de Servicio y Tarjeta de Identificación Profesional establece que los funcionarios deberán usar “permanentemente su placa de cargo cuando vista de uniforme, ya sea que se encuentre de servicio o franco, quedándole prohibido sacársela, salvo circunstancias especiales”. 

“El objetivo de que lleven identificación es para poder facilitar la investigación en el momento en que se infrinjan los protocolos. No tienen que llevar el nombre, pero sí algo que permita identificarlos, puede ser un código”, plantea Sferrazza. La imagen, sin embargo, no permite identificar si el funcionario llevaba un código en el casco o en algún otro lugar.

Karinna Fernández agrega que “operando armas de esa magnitud y en un espacio absolutamente urbano, poblado, eso es muy grave porque, en definitiva, es el resguardo de la impunidad previa. Es más difícil llegar a la evidencia [si no portan identificación], es un obstáculo”.

Después de que Urrutia volvió a subirse al carro policial, le comentó al conductor:

–No me pienso bajar. Una, no estamos para agarrar detenidos. Y estoy más caliente que la conchetumare, capaz que pesque uno y lo… 

Cortó la grabación justo antes de terminar la oración.