La Pública solicitó acceso a los registros de las videocámaras que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) utilizó durante el Estado de Excepción de octubre de 2019. Carabineros negó el acceso a la información, argumentando que no tenía “la tecnología para difuminar los rostros u otros elementos de las grabaciones” y eso impedía proteger la identidad de las personas. Pero sí tenía esa capacidad desde 2018 gracias al software Evidence.com, que permite difuminar automáticamente rostros en imágenes y videos y por el cual la institución gastó $520 millones. Un recurso de Amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia obligó a la policía a entregar los videos que el GOPE registró en los primeros 14 días del estallido social, y que dejaron casi 2 mil heridos según informes del INDH. Esta es la primera vez que se accede a este tipo de registro vía ley de Transparencia.

Texto e investigación: Claudio Cifuentes y Camila Fox
Edición: Boris BezamaPaulette Desormeaux
Ilustración e historia gráfica: Gabriel Garvo, Rebeca Peña, Hans Peralta y Makarena Kramcsak 
Redes sociales: Camila Fox

La noche del 19 de octubre, la poca luz que iluminaba el patrullaje escuadrón Beta 9 del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros en Huechuraba, venía de las barricadas prendidas en las calles y las chispas que saltaban con cada disparo de las carabinas lanza-lacrimógenas. La noche anterior, 10 estaciones de Metro habían sido incendiadas, y esa misma madrugada Sebastián Piñera había decretado el primer Estado de Excepción Constitucional por grave alteración del orden público desde la vuelta a la democracia.

Entre piedras y barricadas, carabineros avanzaban por la calle parapetados detrás del carro J040 del GOPE –mismo que fue utilizado en los operativos en el que asesinaron al comunero mapuche Camilo Catrillanca–, abriéndose paso a punta de lacrimógenas y una escopeta antidisturbios. No se alcanza a ver el disparo, pero sí las chispas que dejó. Al estruendo, le sigue el sonido metálico del rebote, y el capitán se gira de inmediato para “retar” al oficial que tiene bajo su mando: 

–¡Cuidao hueón, no lancí ahí, hueón!

–¡No, hueón –le respondió el oficial–, anda con pistola ese conchesumadre!

–Está con una honda, hueón. No tirí arriba de los techos, hueón. Oye, viejo, no tirí arriba de los techos porque podí provocar un incendio, hueón. Esa es la hueá: el riesgo, hueón.

Segundos después, al oficial le ordenaron lanzar otra lacrimógena, una “parabólica”, hacia la calle. El capitán, por su parte, lo relevó en su posición: apuntó su escopeta antidisturbios hacia el mismo techo y disparó.

Esta es una de las escenas de los cerca de 200 minutos de video que registraron las cámaras GoPro de los Grupos de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, entre el 18 y el 31 octubre de 2019 en la comuna de Santiago, en pleno estallido social, y que fueron liberados gracias a una resolución del Consejo para la Transparencia ante una solicitud de información y un recurso de amparo ingresado por La Pública. 

El Coronel Juan Rodríguez, jefe del Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros, explica que esta es la primera vez que registros “sensibles” de videocámaras corporales son puestos a disposición de la ciudadanía gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, y no a una filtración, como los registros que se han conocido del día en que asesinaron a Camilo Catrillanca y cuando le dispararon a Fabiola Campillai. 

La disputa por el acceso

En diciembre de 2019, La Pública solicitó acceder a los registros audiovisuales de las cámaras corporales del GOPE, pero la institución se negó. En su respuesta, Carabineros adjuntó una tabla con el nombre y grado de los funcionarios que portaron videocámaras y la duración y el tamaño de esos videos –31 vídeos con 189 minutos de duración aproximada–, pero no incluyeron los registros. 

El Departamento de Información Pública y Lobby policial argumentó que no darían acceso al material porque los registros contenían rostros de personas que podrían ser identificadas, por lo que publicarlas significaría violar su derecho a la honra, el derecho a la imagen y la protección a la vida privada, sobre todo la de los menores de edad. Esta respuesta va en línea con el Manual de Uso de Videocámaras Corporales (VCC) de Carabineros, publicado en abril de 2019, que establece que “quienes accedan a las imágenes o grabaciones, deberán guardar sigilo, reserva y discreción de la información obtenida a través de estos sistemas, quedando estrictamente prohibida su reproducción o entrega total o parcial a cualquier persona natural o jurídica, medios de comunicación u otros organismos”. Sin embargo, este reglamento no se refiere en ningún momento al acceso de información ni a la posibilidad de difuminar las imágenes.

La Pública consideró esta respuesta insatisfactoria e ingresó un recurso de Amparo al Consejo para la Transparencia (CPLT), el camino formal que todo ciudadano y ciudadana puede seguir cuando no queda conforme con la respuesta que una institución pública le dio a su solicitud de transparencia. Cuando la policía profundizó en sus argumentos, le aseguró al CPLT que ésta “no posee la tecnología para difuminar los rostros u otros elementos de las grabaciones”, por lo que no era posible entregar el material sin violar los derechos fundamentales de los involucrados. Pero eso no era cierto: La Pública descubrió que la institución posee un sistema que difumina registros audiovisuales desde agosto de 2018, que hoy cuenta con 30 funcionarios capacitados para operarlo, por el que han invertido $520 millones. Un software que el Departamento de Información Pública y Lobby no consideró en sus descargos al Consejo para la Transparencia. 

Al momento de resolver la disputa, el CPLT citó dos oficios que le hizo llegar a Carabineros durante el estallido social. El primero, del 25 de octubre, le recordó a la institución que, a pesar del Estado de Excepción Constitucional, el derecho al acceso a la información estaba completamente vigente, “pudiendo solicitarse la información contenida en cualquier formato o soporte”. El segundo, del 29 de noviembre –fecha en la que el INDH registraba 26 denuncias por homicidios y homicidios frustrado y casi 3.400 heridos–, le pedía a Carabineros “otorgar todas las facilidades para que, cualquier persona pueda requerir acceso a soportes videográficos que obren en poder de las instituciones competentes”.

El Consejo concluyó que las imágenes solicitadas sí son información pública y le ordenó a Carabineros difuminar los rostros y lugares sensibles para entregarlas lo más pronto posible. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, asegura que su organización “ha afirmado desde hace tiempo la necesidad de una reforma profunda a Carabineros de Chile, y una de las reformas necesarias es, precisamente, mejorar los niveles de transparencia con que se maneja la institución”. 

Smart Partners

Durante la Cuenta Pública de 2020, Sebastián Piñera le pidió al Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley enviados por el ejecutivo para modernizar y fortalecer a las policías. En ese preciso momento, proyectó imágenes de funcionarios de Carabineros usando cámaras corporales marca Axon.

 

Carabineros de Chile y las Municipalidades de Providencia, Las Condes, Temuco y Ñuñoa ya cuentan con productos Axon.

La empresa Axon se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías que buscan mejorar las labores de orden público. Según la página web de Smart Partners, representante de la marca en Chile, sus productos se enfocan en las tecnologías de cámaras corporales, pero estas son solo una parte, pues no son una solución real “si no se preocupa de la transmisión posterior, un almacenaje seguro, accesibilidad simple, y una gestión simple”, dice el sitio. Carabineros integró las mismas herramientas que utilizan policías de Estados Unidos, Alemania, Australia y el Reino Unido, entre otras. 

Francisco del Campo, director general de Tecnologías Sociales Limitada –nombre comercial de Smart Partners–, afirma que este sistema “va a grabar los errores, y esos errores serán positivos para Carabineros porque van a poder aprender, transparentar el hecho, hacer una reparación sobre él y dar una sensación de transparencia con la ciudadanía. Esto ayuda a la accountability, transparencia y aprendizaje, que es necesario”. 

Este sistema, sin embargo, no es nada nuevo para Carabineros. La institución tiene estos productos bajo el radar al menos desde 2016, cuando se reunió por primera vez con del Campo para conocer el sistema de cámaras Axon.

Smart Partners tuvo tres audiencias más con Carabineros antes de cerrar la primera compra. La última de ellas fue en abril de 2018. Jorge Vidal, encargado de Adquisiciones en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, fue quien recibió a del Campo. En la reunión,  él se refirió a los productos Axon como un “sistema para mejorar las relaciones entre funcionario policial y ciudadanía, retomar las confianzas al mismo tiempo que se protege a los funcionarios de irrespetos y ataques físicos, y a la institución de falsas denuncias de abuso de fuerza o DD.HH”. 

Dos meses después, en junio de 2018, Carabineros destinó al Capitán Manuel Arenas al seminario de policías internacionales Axon Accelerate Policing. Fueron tres días en Phoenix, EE.UU., en los que Arenas participó en charlas y mesas de trabajo específicas sobre “Evidence.com: la digitalización de la evidencia”, “Transparencia, confianza y accountability: perspectiva internacional” y “Gestión de evidencias digitales, gestión de casos y cumplimientos”, entre otros.

En agosto, Carabineros se decidió. Invirtió los primeros 42 millones de pesos en 30 cámaras corporales y sus aplicaciones de administración. Fueron asignadas a la 50º Comisaría de San Joaquín como parte de un plan piloto destinado al trabajo que la policía estaba realizando en La Legua. 

Estas cámaras corporales son solo una parte de los productos Axon. Todos los videos que generan son almacenados por Evidence.com, el sistema de administración de evidencia digital que utiliza. La compra incluyó una capacitación para el uso de las videocámaras para 30 funcionarios y otra capacitación técnica sobre los softwares de administración para dos funcionarios más. Estas se realizaron en diciembre de 2018.

Evidence.com

 

Momentos después de disparar un perdigón hacia el techo de una vivienda, el capitán del escuadrón Beta 9 le ordenó al escuadrón mantener la posición en la que estaban parapetados. Él, por su parte, subió al carro J040 y avanzó hacia los manifestantes.

–Tírate por aquí, en diagonal –le dijo al conductor–. Vamos a tirar unas granadas. 

–Usted me dice.

–Sí, despacito no más, compadre. Le vamos a tirar una de mano allá y les vamos a dejar la cagá (…) Las piedras van a ir, así que tranquilo.

Avanzaron por calles y pasajes entre la noche. Aprovecharon de contar  la munición que les quedaba y recargar, mientras recibían peñascos de los manifestantes. 

Alcanzaron a tirar cuatro granadas hasta que un estruendo los paró en seco. Una bomba molotov reventó al costado derecho del carro y las llamas se filtraron por la ventana del copiloto. Por 10 segundos, todo el interior del carro se iluminó con los reflejos del fuego que encendió el cuerpo del capitán.

Evidence.com es el eje central que unifica todas las funciones que ofrecen los productos Axon. Funciona como una nube digital que no solo almacena los videos grabados por las cámaras Axon Body, sino que también registros de otros dispositivos como cámaras fijas, cámaras fotográficas, audios, documentos u otros archivos que la policía suba al software, entre los que podrían estar los videos a los que La Pública accedió.

Además, deja registro de toda la cadena de custodia: de qué fecha son, quién los grabó, cuándo se subieron al software, quién los revisó, si fueron compartidos con otros funcionarios durante una investigación o si alguien los borró, entre otros. 

Este sistema está pensado para evitar que funcionarios modifiquen o destruyan evidencia audiovisual, como lo hicieron el exoficial Raúl Ávila con la tarjeta de memoria de una de las cámaras GoPro que grabó el operativo que terminó con el asesinato de Catrillanca en 2018, y el exoficial Claudio Crespo con imágenes del día en que cegó a Gustavo Gatica. 

Carabineros solicitó un sistema que asegurara que “los archivos originales de digital nunca podrán ser modificados, incluso cuando se crean obras derivadas”. Evidence.com sí cumple con este requisito, que está especificado en el Manual de Procedimiento para el Registro y Uso de Videocámaras Corporales (VCC) en el Servicio Policial. Además ofrece un canal directo que le “permite a Fiscalía poder recibir y acceder a la evidencia que la institución decida compartirle».

En marzo de 2020, Mario Rozas, Director General de Carabineros, firmó una resolución para adquirir más cámaras corporales ante las manifestaciones pronosticadas por el  Departamento de Análisis Criminal. La institución compró a Smart Partners otras 300 cámaras Axon Body 2 y los softwares de administración por cerca de 465 millones de pesos. Y, en mayo, la policía renovó las  30 licencias de Evidence.com que ya había adquirido por 17 millones de pesos más. 

Lo que el Departamento de Información Pública y Lobby no consideró es que Evidence.com, en poder de Carabineros desde agosto de 2018, también puede “realizar difuminado en los videos mediante borrosidad parcial o total de rostros, pantallas, patentes o bien seleccionar áreas específicas para aplicar estos filtros”, de manera manual o automática, según el mismo informe técnico de la policía. El capitán Arenas ratificó que el sistema sí cumple con esta función, y agregó que los operadores del software sí están capacitados para difuminar imágenes en caso de que se les solicite. 

Pero en sus descargos al Consejo, la policía omitió la existencia de un software que hace exactamente lo que dijeron no poder, y por el que han invertido cerca de $520 millones hasta la fecha.

Centro Nacional de Control de Imágenes

Pasaron casi dos años desde que la policía compró los primeros productos Axon hasta que, en julio de 2020, crearon el Centro Nacional de Control de Imágenes de Carabineros (Cencicar) para administrar el gran volumen de videos que la institución genera con videocámaras corporales de “tipo policial” –como las Axon-, cámaras distintas al modelo policial –como las GoPro– y drones a nivel nacional. Este departamento utiliza como herramienta principal Evidence.com. 

El capitán Manuel Arenas asumió la Jefatura Nacional apenas se fundó el Cencicar. Un mes antes había renovado su licencia en productos Axon, lo que le permite capacitar a otros funcionarios. Asegura que ya van más de 1.300 policías capacitados en el uso de las cámaras corporales Axon, además de las personas entrenadas para operar parte del software, entre ellas, la difuminación

A principios de agosto, después de que el Consejo para la Transparencia obligó al Departamento de Información Pública y Lobby a entregar los registros audiovisuales –después de haberles asegurado que no tenían la capacidad técnica para hacerlo–, el coronel Juan Rodríguez Huerta, jefe del departamento, consultó si otros departamentos podían colaborar con la solicitud. “Le preguntamos al Laboratorio de Criminalística, al Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9) y ellos no mantenían estos sistemas. Hasta que logramos ubicar al Cencicar, que era relativamente nuevo para nosotros, lo desconocíamos. Y ahí pudimos establecer que había un departamento que nos podía ayudar en esto”, explica.

El coronel Rodríguez afirma que el Departamento de Información Pública y Lobby, y el Cencicar, se han reunido en más de una ocasión para conocer los sistemas y el trabajo que realizan, y asegura que fue gracias a Evidence.com que lograron difuminar las imágenes. El Departamento de Comunicaciones del Cencicar lo confirmó.

Nueve meses después de haber ingresado la primera solicitud de transparencia, La Pública accedió a los casi 200 minutos de videos que generaron las videocámaras corporales de los funcionarios del GOPE en la Región Metropolitana durante los primeros doce días del estallido social, por primera vez vía Ley de Transparencia.

Advertencia: Las imágenes pueden ser sensibles para el espectador.